La frase quedó registrada en un video antes del operativo: “Nos vamos con la personería jurídica o nos vamos cagados a palos”. La Policía actuó con autorización judicial, sin uso de armas y sin heridos entre los manifestantes.

Un video grabado minutos antes del desalojo en Casa de Gobierno revela el nivel de tensión con el que los manifestantes mapuches enfrentaron el operativo dispuesto por la Justicia. Allí se escucha a uno de los voceros del acampe —presuntamente Nelson Cárdenas, del Lof Ragilew— pronunciar una frase que condensa el espíritu de la protesta:

“Nos vamos con la personería jurídica o nos vamos cagados a palos”.

La advertencia se produjo justo cuando efectivos de la Policía neuquina informaban a los presentes que debían desalojar pacíficamente el acceso al edificio gubernamental, tras varios días de bloqueo total. La protesta, encabezada por cuatro comunidades que reclaman personerías jurídicas, había sido previamente intimada y notificada. No obstante, la negativa a retirarse, el rechazo a todos los canales de diálogo y la ocupación de espacios públicos forzaron la intervención judicial.

Un operativo ajustado a derecho

El desalojo fue ejecutado este sábado al mediodía con el aval del Ministerio Público Fiscal y una orden judicial expresa. El procedimiento se desarrolló sin incidentes graves, sin represión, sin uso de armas ni golpes, y sin lesionados entre los manifestantes. Fueron demoradas 17 personas (11 hombres y 6 mujeres) por resistencia a la autoridad. Un efectivo policial resultó herido tras ser mordido por uno de los manifestantes.

El acampe, que se extendió durante varios días, ocupó completamente el acceso principal de Casa de Gobierno, en la esquina de Roca y Rioja, donde los manifestantes instalaron carpas, cocinas a leña, fogones, baños químicos y hasta animales (caballos y chivos). También se encadenaron a las barandas del edificio, impidiendo el ingreso de personas con discapacidad y ocuparon una oficina pública.

Las agrupaciones involucradas —Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas— fueron denunciadas por el Ejecutivo por presunta alteración del orden público, ocupación indebida y coacción.

Un reclamo sin base legal

El eje del reclamo era el reconocimiento formal como comunidades indígenas, lo que habilita, entre otras cosas, a recibir compensaciones por servidumbres petroleras. Sin embargo, desde la Dirección de Personas Jurídicas informaron que las agrupaciones no reúnen los requisitos que establece la normativa vigente para obtener la personería.

Desde el Gobierno se insistió en que el derecho a peticionar está garantizado, pero debe ejercerse dentro del marco democrático, sin extorsión ni ocupación de espacios públicos. En este caso, la negativa al diálogo —incluso con la mediación del obispo Fernando Croxatto—, las amenazas públicas y el bloqueo sostenido derivaron en una intervención judicial inevitable.