
El Senado de la Nación aprobó un nuevo proyecto de financiamiento para las universidades nacionales, una medida que busca dar respuesta a la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de altos estudios en el país. Desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), el vicerrector Paul Osovnikar destacó la importancia de la iniciativa, aunque advirtió que la situación salarial de docentes y no docentes sigue siendo alarmante.
Según Osovnikar, los salarios universitarios han perdido más del 30% de su poder adquisitivo, lo que genera un fuerte impacto en la vida académica. Esta situación se traduce en paros, menor motivación en el plantel y, en muchos casos, renuncias de personal recién incorporado. La incertidumbre sobre la continuidad del financiamiento preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad educativa.
El vicerrector detalló que el Gobierno nacional dispuso un aumento del 7,5% escalonado entre septiembre y diciembre, pero este ajuste queda por debajo de la inflación y no compensa la pérdida acumulada. A esto se suman los incrementos en tarifas de luz, gas y servicios de limpieza, que presionan aún más los presupuestos universitarios.
“Muchos docentes y no docentes que ingresaron por concurso renuncian al poco tiempo porque los sueldos son insostenibles”, subrayó Osovnikar. La falta de incentivos salariales comienza a afectar la calidad educativa y la capacidad de la universidad para sostener su plantel de profesionales a largo plazo.
En cuanto a los estudiantes, la matrícula se mantiene estable en el inicio del segundo cuatrimestre, aunque las autoridades reconocen que el riesgo de deserción crece hacia fin de año. Los altos costos de alquiler, transporte y la canasta básica ponen en jaque la permanencia de quienes deben sostenerse económicamente para estudiar.
El financiamiento aprobado en el Senado representa un alivio temporal, pero la UNCo advierte que el presupuesto vigente sigue siendo el prorrogado de 2023, considerado insuficiente para cubrir las necesidades actuales. El vicerrector insistió en que el retraso en la discusión presupuestaria nacional generó esta crisis y que es clave asegurar la continuidad de los fondos.
Osovnikar advirtió que, si bien la aprobación legislativa es un paso importante, el verdadero desafío será garantizar recursos suficientes para evitar un deterioro en la calidad educativa. La falta de docentes capacitados, el freno a las investigaciones y la reducción de licitaciones son señales de alerta que podrían agravarse en los próximos años.
Finalmente, el vicerrector expresó su expectativa de que el Poder Ejecutivo acompañe el presupuesto universitario sin vetos. “Esperamos contar en los próximos meses con una ley concreta de financiamiento que dé certidumbre al sistema universitario”, concluyó, remarcando que la educación superior pública es un pilar para el desarrollo social y científico del país.