Vecinos de Villa Lago Meliquina presentaron una medida cautelar para frenar la pavimentación de la Ruta Provincial 63, que conecta la Ruta Nacional 40 con la villa. La acción judicial se radicó en el Juzgado Procesal Administrativo de Zapala y ya fue trasladada a la Fiscalía de Estado, que deberá responder sobre la solicitud de suspensión de la obra.

El proyecto vial divide a la comunidad de Meliquina, donde un sector rechaza la pavimentación por temor a un impacto negativo en el entorno natural. Mientras tanto, otro grupo de residentes repudió el amparo presentado y pidió sumarse a la causa como terceros interesados, con el objetivo de defender la ejecución del asfalto.

Desde fines de 2023, el gobernador Rolando Figueroa anunció el plan para pavimentar el acceso a Meliquina, una obra que busca potenciar el desarrollo turístico y mejorar la conectividad de la villa. El mandatario reveló una inversión de $32.337 millones, financiada con fondos provinciales, y actualmente hay varias empresas constructoras compitiendo en la licitación.

Quienes se oponen sostienen que el pavimento cambiará el perfil del lugar y pondrá en riesgo el ecosistema. “Antes de abrir un acceso desde la ruta, era mejor resolver el tema del agua y los residuos”, advirtió Mercedes Rosemberg, integrante de la Asociación de Vecinos, quien cuestionó el avance del proyecto sin un debate profundo en la comunidad.

Por el contrario, el sector que respalda la obra argumenta que la pavimentación mejorará la seguridad vial y la accesibilidad, sobre todo en épocas invernales, cuando el aislamiento de la villa se vuelve crítico. En su presentación judicial remarcaron que es necesario “garantizar el proyecto de asfaltado” y desestimaron los cuestionamientos sobre el impacto ambiental.

Según los defensores de la obra, el proyecto ya cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobados, lo que garantizaría su viabilidad dentro del marco legal vigente. Aseguran que detener el avance del asfalto por eventuales cambios ambientales “no puede ser una razón suficiente”, y que los riesgos de no ejecutar la obra son “significativamente mayores”.

Entre los riesgos mencionados se encuentran problemas de salud, seguridad y aislamiento, que, según el documento presentado ante la justicia, afectan “directamente el derecho fundamental de los habitantes a una vida digna” y exigen una respuesta de las autoridades para garantizar la conectividad de la zona.

Mientras se espera la resolución judicial sobre la medida cautelar, el conflicto deja al descubierto una fuerte disputa entre sectores de la comunidad, en una villa que aún carece de servicios básicos y debate sobre cómo el desarrollo de infraestructura vial puede transformar su futuro.