En Balsa Las Perlas, un barrio ubicado en la provincia de Río Negro, la tensión social llegó anoche a un punto límite. Vecinos cansados de denuncias desoídas y situaciones de inseguridad decidieron actuar por mano propia y quemaron la casa de una mujer señalada por amenazas, usurpaciones y agresiones contra las familias de la zona.

La vecina Mariana, entrevistada por Noticias 7, relató que la decisión surgió tras meses de hostigamiento sin respuestas judiciales ni policiales. Según explicó, la mujer y su hermano habrían vendido terrenos de forma ilegal en la toma del Tatu, hostigado a los más vulnerables y utilizado viviendas precarias como depósitos de objetos robados.“Hemos hecho denuncias en todas las fiscalías y nunca pasó nada. Nos cansamos de que apuntara a la gente con armas, incluso cuando iban con sus hijos. La policía siempre decía que no podía hacer nada”, denunció Mariana.

Los vecinos aseguran que la mujer cortaba mangueras de agua, cables eléctricos y arrojaba piedras y clavos a quienes circulaban frente a su casa, ubicada en la esquina de Las Rosas y Piquillín. El episodio final ocurrió cuando atacó a un vecino que viajaba con sus hijos en auto, rompiendo los vidrios del vehículo. Ese hecho desató la reacción colectiva.

La Policía, con una orden de la Fiscalía de Cipolletti, retiró a los ocupantes de la vivienda, y fue entonces cuando los vecinos prendieron fuego a la casa. “Ya estábamos todos, cansados, 37 familias que sufrimos lo mismo”, explicó Mariana, quien señaló que el conflicto involucra a casi toda la comunidad de Las Perlas.

La comunidad remarcó que la situación no es nueva: desde hace más de un año se acumulan denuncias que nunca llegaron a una resolución concreta. La mujer señalada como responsable habría ejercido una especie de liderazgo barrial ilegítimo, aprovechándose de la vulnerabilidad de las familias para revender terrenos y mantener un dominio violento sobre el sector.

Los vecinos piden acompañamiento urgente de la Justicia rionegrina y mayor presencia policial para evitar represalias y recuperar la tranquilidad en el barrio.

Mientras tanto, la investigación judicial deberá establecer responsabilidades por los hechos recientes y evaluar el historial de denuncias que, según los testimonios, nunca obtuvieron respuestas eficaces.