Roberto Somar, docente de criminología de la Universidad Nacional de Río Negro, se suma a la campaña nacional que solicita la derogación de normas que flexibilizan el acceso a armas de fuego. La iniciativa reúne a autoridades, docentes y estudiantes, quienes alertan sobre los riesgos que estas medidas representan para la seguridad pública y la convivencia.

El profesor explicó que los decretos recientes eliminan la autorización previa para la compra de armas, permiten la tenencia de fusiles semiautomáticos para civiles y reducen la edad mínima para adquirir un arma de 21 a 18 años. Además, criticó la llamada “tenencia express” que agiliza los trámites administrativos, argumentando que estas medidas fomentan una circulación más amplia de armas en la sociedad.

Desde la carrera de criminología, Somar remarcó que la narrativa que vincula armas con seguridad es falsa y peligrosa. Señaló que la mayoría de los homicidios con armas de fuego ocurren en conflictos intrafamiliares y que los datos muestran que estas armas facilitan accidentes domésticos y suicidios, en lugar de proteger a la población de delitos callejeros como sugiere el discurso oficial.

El docente también resaltó el impacto desde una perspectiva de género, indicando que uno de cada cuatro femicidios se comete con armas de fuego y que la gran mayoría de estos elementos están en manos de varones. Para él, la presencia de armas en hogares con violencia de género constituye un factor de riesgo que perpetúa el control y la intimidación hacia las víctimas.

Somar advirtió que la flexibilización del acceso a armas legales alimenta indirectamente el mercado ilegal, ya que muchos dispositivos terminan siendo revendidos o declarados robados. El incremento de armas en el mercado legal contribuye a que las organizaciones delictivas puedan acceder con mayor facilidad a ellas, generando un círculo que aumenta la violencia y la inseguridad en la sociedad.

En cuanto a la cultura de seguridad, el docente afirmó que el modelo importado de Estados Unidos promueve la violencia como resolución de conflictos, algo que se refleja en series y películas y que está lejos de los indicadores de seguridad en Argentina. Para él, esta narrativa refuerza la idea de que más armas equivalen a mayor protección, cuando en realidad incrementan las muertes y accidentes.

Somar indicó que la sociedad debe implementar políticas de desarme y estrategias de mediación de conflictos, usando instituciones como defensorías o programas comunitarios. Señaló que la resolución de conflictos sin armas, la educación y la prevención son herramientas claves para evitar que disputas cotidianas terminen en tragedias, subrayando la importancia de políticas públicas fundamentadas en datos y no en sentidos comunes.

Finalmente, el docente destacó que la Universidad Nacional de Río Negro se une a la Red Argentina para el Desarme, que presentó un pedido formal ante el Senado para derogar los decretos recientes. Aseguró que existe un trabajo académico sostenido que respalda estas acciones, buscando generar conciencia sobre los riesgos que implica la proliferación de armas y promoviendo un debate informado en la sociedad.