Un episodio de extrema gravedad sacudió a la comunidad educativa de la escuela primaria N° 200, en barrio Gran Neuquén. Un alumno de séptimo grado, de tan solo 12 años, ingresó armado a una clase de educación física y apuntó contra alumnos de cuarto grado, generando una situación de pánico entre los menores. El hecho ocurrió el pasado miércoles y fue contenido por el profesor a cargo, que logró reducir al chico y proteger a los estudiantes.

El incidente, que incluyó el despliegue de personal policial y una ambulancia, fue minimizado por la institución, que habría intentado encubrir lo sucedido bajo el argumento de una simple descompensación. Recién al llegar a sus casas, los niños contaron la verdad a sus familias. Padres y madres denunciaron que desde la escuela se les prohibió a los estudiantes hablar sobre lo sucedido para evitar “problemas mayores”.

El mismo alumno ya había protagonizado episodios violentos previos, entre ellos la agresión con un ladrillo a otro niño, que terminó con lesiones y pérdida de piezas dentales. Además, se lo acusa de amenazas frecuentes con objetos punzantes y de comportamiento violento, tanto dentro como fuera del aula. Según las familias afectadas, el menor no tendría contención familiar y se encuentra en situación de vulnerabilidad, lo que agudiza la preocupación.

La comunidad educativa reclama una respuesta urgente del Consejo Provincial de Educación y de organismos como la Defensoría del Niño. Denuncian también que no existía, hasta ahora, ningún seguimiento formal de esta problemática, a pesar de los antecedentes. Las clases fueron suspendidas hasta el miércoles y las autoridades del establecimiento cerraron los portones, evitando dar declaraciones públicas.

Padres y madres exigen una intervención concreta para garantizar la seguridad de los demás estudiantes, al tiempo que cuestionan la falta de medidas preventivas y la aparente decisión institucional de silenciar el conflicto. El caso dejó al descubierto fallas estructurales en el manejo de situaciones de riesgo dentro del sistema educativo y encendió la alarma sobre la contención y protección de menores en contextos de violencia.