Los trabajadores judiciales de Neuquén están en pie de guerra. Exigen la implementación de los siete títulos aprobados del Convenio Colectivo de Trabajo y el Protocolo de Violencia Laboral, que, a pesar de haber sido consensuados en 2023, aún no han sido puestos en funcionamiento. La situación ha llevado a la comunidad judicial a adoptar medidas de fuerza para hacer escuchar sus reclamos.
Claudio Salazar, secretario general del Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN), explicó en diálogo con Radio 7 que recientemente realizaron un paro de 24 horas con un alto acatamiento en toda la provincia. Hoy tienen programadas asambleas en distintos lugares de trabajo y un retiro sorpresivo, y para el lunes se convocó una asamblea provincial en la ciudad de Zapala, donde se definirán las próximas acciones.
El sindicalista subrayó que ya ha pasado un año sin respuestas del Tribunal Superior de Justicia sobre la puesta en marcha de los títulos del convenio y el protocolo. “Hemos tenido asambleas y seguiremos con las medidas de fuerza porque no hemos recibido contestación formal”, comentó Salazar.
Uno de los puntos de fricción es la justificación del Tribunal, que ha señalado que la falta de implementación se debe a cuestiones presupuestarias. Salazar solicitó transparencia en esta área y pidió conocer los números del Tribunal para evaluar si realmente hay un impedimento económico. “Necesitamos información objetiva para comprobar estas afirmaciones”, destacó.
El secretario del sindicato mencionó que han presentado más de 20 notas sin respuesta a la presidenta del tribunal, lo que refleja la falta de comunicación entre ambas partes. Esta situación ha generado un clima de frustración entre los trabajadores, quienes se sienten desatendidos y sin voz en el proceso de negociación.
Además de los reclamos sobre el convenio, Salazar también expresó preocupación por las posibles consecuencias de la nueva reforma laboral publicada en el Boletín Oficial de la Nación. La normativa incluye un período de prueba que, según él, podría precarizar aún más las condiciones laborales. Actualmente, el período de prueba en el Poder Judicial es de seis meses, mientras que el convenio busca reducirlo a tres, asegurando derechos a los empleados durante ese tiempo.
En otro orden de temas, Salazar informó que el ingreso de personal a la Justicia, que había sido congelado, ha comenzado a descongelarse. Aunque todavía no se prevé la incorporación de nuevos empleados en Neuquén capital, se están habilitando puestos en otras circunscripciones. “Esto es positivo, ya que la demanda de personal es alta y es fundamental para aliviar la sobrecarga laboral que sufren los actuales empleados”, sostuvo.
