En una audiencia celebrada esta mañana en el Auditorio del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal reformuló cargos contra los ex intendentes de Sierra Grande, Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, junto a cuatro ex funcionarios municipales, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en el programa nacional Techo Digno.
La nueva imputación se sustenta en un informe pericial realizado por un ingeniero civil, que motivó la actualización de los montos defraudados y precisó el grado real de avance de las obras, comparado con lo certificado falsamente.
Según la acusación, Tamburrini recibió entre abril y noviembre de 2015 un total de $16.689.525 del Estado Nacional, destinados a la construcción de 40 viviendas e infraestructura. Sin embargo, ordenó pagos por $12.861.207 a la empresa constructora, equivalentes a un avance del 71% que nunca fue real, ya que peritajes posteriores determinaron un avance del 42,21%.
Los certificados fueron firmados por Mauro Tamburrini (Secretario de Gobierno y Hacienda) y Ernesto Noel (Obras Públicas), quienes también fueron imputados como coautores del fraude. El perjuicio actualizado a marzo de 2025 fue estimado en $793.480.666.
Además, se detectó otro pago por $1.000.000 en diciembre de 2015, basado en un avance del 6,98% por movimiento de suelos también falsamente certificado.
El segundo tramo de la imputación alcanza al ex intendente Nelson Iribarren, quien asumió en diciembre de 2015. Según la Fiscalía, sin nuevos fondos enviados por Nación, Iribarren y la entonces secretaria de Gobierno Claudia Albariño, ordenaron dos pagos a la empresa constructora por un avance ficticio del 14,02%, respaldados por certificaciones de Miguel Ángel Mesa, otro de los funcionarios imputados.
Sin embargo, una inspección del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) constató que solo se había realizado el zanjeo de 14 viviendas para redes cloacales y de agua, sin movimiento de suelos. A pesar de ello, se abonaron indebidamente $2.008.773,89.
El juez de garantías interviniente dio por formulados los cargos y autorizó la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses. El empresario de la construcción involucrado no pudo estar presente por razones personales certificadas y será citado a audiencia el 2 de julio, donde se le formularán cargos como partícipe necesario.
La Fiscalía anunció que cuenta con más de 40 páginas de evidencia documental y pericial, cuya lectura fue omitida con el consentimiento de las defensas.
