La vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, fue suspendida por 30 días para facilitar una investigación sobre presuntas irregularidades administrativas. Este hecho sin precedentes en la provincia desató un intenso debate en la Legislatura y en la opinión pública. El diputado César Gass, de Juntos por el Cambio-UCR, compartió su análisis en una entrevista con Radio 7.

Gass expresó su “tristeza y desazón” por la situación, destacando que este tipo de conflictos institucionales perjudican tanto a las autoridades como a la sociedad. Si bien votó a favor de la creación de una comisión investigadora, se opuso a la suspensión de Ruiz. “No había acusaciones concretas contra ella ni obstaculización de la investigación”, afirmó.

La sesión legislativa estuvo marcada por la controversia. Según Gass, algunos artículos del proyecto presentaban inconsistencias. “Propuse que se incluyeran los 30 días de suspensión en el artículo 2 y que se ampliara de tres a diez días el plazo para que Ruiz presentara su defensa. Finalmente, se otorgaron seis días”, detalló.

La suspensión está vinculada al manejo de fondos públicos enviados a la Legislatura desde 2011 mediante una resolución administrativa que permitía transferencias a cuentas personales sin autorización previa del gobernador o vicegobernador. Este procedimiento quedó en el centro de las sospechas tras revelarse que uno de los beneficiarios era un familiar directo de Ruiz.

El diputado subrayó la necesidad de “actuar con templanza y ajustarse al derecho”. Consideró que un desplazamiento apresurado podría agravar los daños institucionales y complicar una eventual restitución de la vicegobernadora, en caso de ser absuelta.

La comisión investigadora tendrá 30 días hábiles para reunir pruebas, solicitar informes y determinar si hubo malversación de fondos. Entre las medidas anunciadas, se pedirá información al Banco Provincia para verificar posibles irregularidades en las transferencias realizadas durante más de una década.

Gass también resaltó que el enfoque debe estar en corregir las falencias estructurales que permitieron estas prácticas. “Es fundamental revisar resoluciones como la de 2011, que abrió la puerta a este tipo de manejos administrativos”, afirmó.

A pesar de sus objeciones, el diputado reconoció que el procedimiento es un hito en la provincia. “Nunca pensé que algo así ocurriría en una Legislatura que venía trabajando de manera ordenada”, lamentó.

El caso generó tensiones en todos los bloques políticos. Mientras algunos defendieron la suspensión como una medida necesaria, otros cuestionaron la falta de pruebas concretas para tomar una decisión tan drástica.

El debate también puso de manifiesto la urgencia de un marco normativo más riguroso para prevenir futuros conflictos. Gass destacó que la Justicia será clave para esclarecer los hechos y determinar si hubo responsabilidades penales. Por lo pronto, la vicegobernadora deberá esperar el desenlace de la investigación, que promete ser un punto de inflexión en la política neuquina.