En una decisión que generó una fuerte polémica, el Gobierno Nacional le exigió al municipio de Bahía Blanca el pago de una suma «millonaria» para mantener los puentes de emergencia que el Ejército instaló en marzo para reconectar la ciudad tras el devastador temporal. «Si no, se los llevaban», denunció el secretario de Obras Públicas local, Gustavo Trankels.

Según el funcionario, el Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri, planteó que para que los puentes permanecieran en su lugar, el municipio debía firmar un convenio y abonar aproximadamente 17 millones de pesos por cada estructura, más un adicional por mantenimiento.

«El ejército vino y los posicionó en el lugar. Nosotros estábamos muy agradecidos porque era una forma de poder reconectar la ciudad, pero después nos plantearon que para continuar con la prestación de esos puentes, Bahía Blanca tenía que pagar», relató Trankels en una entrevista con el medio local La Brújula.

La decisión del intendente Federico Susbielles (Unión por la Patria) fue ceder a la exigencia para evitar un mal mayor. «Lo que hicimos nosotros fue resolver un problema porque, si no, se los llevaban. El intendente tomó la decisión de firmar el convenio y pagar para que los puentes continúen, si no, nos quedamos incomunicados«, apuntó Trankels.

Críticas y un veto previo

La medida generó un fuerte repudio desde la oposición. La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, acusó al gobierno de Milei de «encontrar un negocio» en una necesidad. «Que el gobierno de Milei cobre alquiler por los puentes de emergencia en Bahía Blanca, después de una inundación devastadora, es una muestra más de su crueldad y desprecio por el pueblo», publicó en sus redes sociales.

Este no es el primer cruce entre el municipio y la Nación por la asistencia post-temporal. A fines de junio, el Ejecutivo vetó un proyecto de ley, aprobado por ambas cámaras del Congreso, que creaba un fondo especial de $200.000.000.000 para la reconstrucción de la ciudad. El argumento del Gobierno fue que la ley no especificaba la fuente de financiamiento para dichas erogaciones.