Con un apoyo contundente en el Senado, la oposición logró sancionar la ley de financiamiento universitario, que había obtenido media sanción en Diputados y promueve ajustes automáticos por inflación para salarios y funcionamiento universitario. El resultado fue de 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, lo que da cuenta de una mayoría superior a los dos tercios del cuerpo legislativo, y deja en evidencia el nuevo revés al gobierno de Javier Milei.
La ley obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, con un porcentaje no inferior a la inflación, y mantener paritarias con ajustes mensuales indexados al IPC. Además, deberá ajustar los fondos de funcionamiento de las universidades al 1 de enero de 2025, según la variación inflacionaria acumulada entre mayo y diciembre de 2024, y continuar con actualizaciones bimestrales durante 2025.
En lo que respecta a la Patagonia, los senadores neuquinos Lucila Crexell (Juntos por el Cambio), Oscar Parrilli y Silvia Sapag (Unidad Ciudadana) votaron a favor, sin registrar ausencias ni rechazos en su bancada regional.
En Río Negro, también hubo unanimidad proponente: Claudio Martín Doñate, Silvina García Larraburu (ambos de Unidad Ciudadana) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) respaldaron la norma, lo que refuerza el consenso patagónico favorable.
En Chubut, la votación mostró una sola abstención: Carlos Linares (Unidad Ciudadana) y Edith Terenzi (Despierta Chubut) votaron afirmativamente, mientras que Andrea Cristina (PRO) se abstuvo, marcando una leve fractura en el bloque local.
Santa Cruz también aportó unanimidad favorable: José María Carambia, Natalia Gadano y Alicia Kirchner (Unidad Ciudadana) votaron a favor, sin disidencias ni abstenciones.
Por último, en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Pablo Blanco (UCR), María Eugenia Duré y Cándida Cristina López (Unidad Ciudadana) respaldaron la iniciativa por unanimidad.
Este resultado en la Patagonia —que sumó 14 votos afirmativos y una abstención— refuerza la cohesión política regional en defensa de la educación pública, en contraste con la dispersión que caracteriza al oficialismo.
