El Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJuN) denunció públicamente la violencia laboral sistemática ejercida por la jueza Andrea Di Prinzio y una secretaria del juzgado de Junín de los Andes, tras múltiples testimonios de maltrato hacia el personal. La gravedad del reclamo radica en que los entornos de trabajo no pueden normalizar el hostigamiento ni el abuso de poder.
Luciana Torti, secretaria de Género del SEJuN, aseguró que las denuncias son reiteradas y documentadas, y que mientras las víctimas hayan optado por licencias psicológicas o médicos, muchas no se animan a denunciar formalmente. El sindicato exige ambientes laborales libres de violencia y señala que los mecanismos actuales no son eficaces.
El sindicato explicó que las denuncias se canalizan mediante sumarios administrativos, pero estos procedimientos no generan soluciones reales ni sanciones, lo que obliga a algunos trabajadores a pedir traslados o recurrir a licencias. La falta de respuestas institucionales agrava los daños emocionales y profesionales de quienes denuncian.
SEJuN anunció que solicitará formalmente al Tribunal Superior de Justicia la apertura de un jurado de enjuiciamiento contra Di Prinzio, con el fin de evaluar sus responsabilidades. Se trata de poner un límite institucional que no se restringe a sumarios internos ineficaces.
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Torti resaltó que la violencia institucional es tan grave como la física y tiene impactos en la salud mental del personal, por eso el sindicato elaborará una denuncia exhaustiva, respaldada por testimonios y documentación. Buscan que el caso se convierta en un precedente”, explicó.
El sindicato extendió un llamado a todo el país y otras jurisdicciones judiciales, invitando a replicar esta iniciativa para erradicar la violencia laboral en los ámbitos judiciales. La idea es que cada provincia y localidad impulse procesos similares para garantizar justicia laboral.
SEJuN recordó que ya existen antecedentes de magistrados y empleadas judiciales sancionadas por violencia laboral en Neuquén, lo que avala el camino del jurado de enjuiciamiento. Insisten en que no es suficiente firmar protocolos, sino que deben implementarse y cumplirse.
El conflicto refleja una disfunción sistemática en el Poder Judicial neuquino, donde los canales internos no protegen eficazmente a los trabajadores, según la organización sindical. Se exige transparencia, seguimiento y sanción efectiva frente al abuso.
El sindicato enfatizó que la violencia de género y laboral en el Poder Judicial es una forma de discriminación estructural, y que casos como el de Di Prinzio deben ser visibles para que haya transformaciones reales. La apertura de un jurado de enjuiciamiento simboliza una demanda de rendición de cuentas real.
