Veinte policías de Rosario serán imputados por malversación de fondos públicos en vales de nafta. Se trata de 16 efectivos y cuatro civiles vinculados a la estación de servicio, que son investigados por quedarse con $45 millones.
La Fiscalía Regional Rosario informó que a comienzos de la próxima semana se llevará a cabo la audiencia imputativa a cargo del fiscal José Luis Caterina.
Entre los policías acusados hay tres jefes y dos subjefes de la sección de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, informaron desde La Capital.
En la lista se encuentran la subinspectora Davina P., subjefa de Talleres Mecánicos Tarragona; el comisario Fabián F., jefe de Perros y Caballería; el inspector Mario B., subjefe de Perros y Caballería; el comisario supervisor Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la Jefatura de la Unidad Regional II; el comisario supervisor Gerardo R., jefe de Garage de distribución de combustible de la URII.
Se suman el subinspector Javier A. y Francisco T., miembros del Cuerpo Guardia de Infantería; el subinspector Sergio L. y el numerario Ramón S., ambos del Comando Radioeléctrico; el comisario Juan P., de la Brigada de Orden Urbano; el inspector Juan V., de la Brigada Motorizada; el subinspector Fernando C., del Grupo Táctico Multipropósito; la empleada Nancy P., de la División Personal; el subinspector Jorge D. y Gustavo B., de la División Logística, y el inspector Franco C., de la Policía de Investigaciones.
Respecto a los cuatro civiles involucrados, se detalló que están ligados a la empresa Gas Auto Tiferno. En esta causa, se los señala como quienes realizaron los movimientos fraudulentos en la estación de servicio Puma de la calle Ovidio Lagos al 3900, la cual ya se encuentra clausurada.
De la investigación se desprende que “se realizaron maniobras ilícitas en la URII que generaban perjuicio a la Administración Pública, ya que el personal a cargo de la logística de combustible realizaba maniobras para apropiarse de dinero”.
Las autoridades explican que los encargados del área “realizaban pagos por encima de los gastos de combustible que efectivamente se cargaba en los patrulleros” y luego repartían lo sobrante.
“La malversación de caudales públicos ronda los 45 millones de pesos, en el marco de una estimación mensual de 380 millones que se destinan a la URII para carga de combustible”, sumaron.
