El gobierno de Río Negro desadjudicó una vivienda social a un hombre condenado por abuso sexual, luego de que la Justicia provincial avalara la medida tomada por el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV). La decisión se apoyó en el incumplimiento de los requisitos de ocupación permanente exigidos por el programa habitacional.

El caso cobró notoriedad tras la presentación judicial del beneficiario, quien impugnó la decisión de ser despojado del inmueble adjudicado. Sin embargo, el fallo del tribunal respaldó la resolución administrativa del IPPV y confirmó que la desadjudicación se ajusta a la normativa vigente.

“Se trata de un condenado por abuso sexual que se encuentra cumpliendo su pena en prisión y, por tanto, la vivienda no estaba siendo habitada por el grupo familiar al que fue asignada”, explicó Mariano Lavin, interventor del IPPV. Según precisó el funcionario, el reglamento de adjudicación exige que la vivienda sea utilizada de forma permanente por el grupo familiar beneficiario.

La normativa establece que el acceso a la vivienda social implica un uso exclusivo, continuo y personal por parte de quienes fueron seleccionados en los programas del Estado. En este caso, el incumplimiento quedó acreditado debido a la privación de libertad del adjudicatario, lo que determinó la inhabilitación de facto para ocupar el inmueble.

“Es importante entender que estas viviendas se entregan con el esfuerzo de todos los contribuyentes, y hay muchas familias que esperan su oportunidad”, remarcó Lavin. El funcionario defendió la medida como un acto de justicia distributiva en favor de quienes cumplen con las reglas y aguardan en los registros de demanda habitacional.

Desde el IPPV destacaron que este no es un caso aislado y que se encuentran revisando otras situaciones similares en toda la provincia. “Tenemos más procesos en curso, porque el acceso a la vivienda debe garantizarse a ciudadanos de bien que respeten la convivencia en sociedad”, subrayó Lavin.

La decisión se inscribe en la política de control y transparencia que el gobierno provincial busca consolidar en la gestión de recursos públicos. Según adelantó el organismo, los inmuebles recuperados se reasignarán a otras familias inscriptas en los programas de acceso a la vivienda.

“El Estado tiene la responsabilidad de administrar con equidad los bienes que pertenecen a la sociedad en su conjunto”, concluyó Lavin. Desde el IPPV aseguran que seguirán trabajando para garantizar que las viviendas sociales se destinen a quienes las necesitan y cumplen con los criterios legales y éticos.