La fiscalía neuquina pidió tres años de prisión condicional para Oscar Horacio Ceballos, subcomisario de Rincón de los Sauces, condenado por privación ilegítima de la libertad y agresión a un ciudadano que intentaba denunciar en la fiscalía. La solicitud incluye seis años de inhabilitación para cargos policiales.
La audiencia para determinar la pena se realizó hoy, encabezada por la fiscal Rocío Rivero, quien argumentó la gravedad del delito cometido por Ceballos. El hecho, ocurrido en octubre de 2023, involucró abuso de autoridad y violencia física contra la víctima.
Ceballos fue declarado responsable de privación ilegítima de la libertad, un delito agravado por abuso de funciones y violencia, que prevé penas de dos a seis años de prisión. La fiscal solicitó una condena intermedia, considerando la jerarquía del efectivo.
Además de la prisión condicional, se pidió inhabilitación por seis años para ejercer cargos policiales, de seguridad o portar armas. La fiscal también propuso medidas como un curso de derechos humanos y un aporte económico a Bomberos.
La fiscal destacó la alta jerarquía de Ceballos como un factor de mayor reproche. El subcomisario, al momento del hecho, ostentaba un rol de liderazgo en la Policía provincial, lo que agrava su responsabilidad.
El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2023, cuando la víctima esperaba frente a la fiscalía para realizar una denuncia. Ceballos la agredió físicamente, la esposó sin motivo y ordenó su traslado en un móvil policial.
La defensa solicitó el mínimo de dos años de prisión condicional, argumentando que la pena debe ajustarse al extremo inferior previsto por la ley. También pidió cuatro años de inhabilitación, frente a los seis requeridos por la fiscalía.
El juez Luciano Hermosilla anunciará la pena en los próximos días, tras evaluar los argumentos de ambas partes. Las imágenes de las cámaras de la Oficina Judicial, que registraron la agresión, fueron clave en el juicio.
El caso expone un nuevo episodio de abuso policial en Neuquén, sumándose a las críticas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. La víctima, según la fiscalía, sufrió un trato arbitrario y violento, sin justificación legal.
La fiscalía también impuso restricciones durante la condicionalidad, como la prohibición de contactar o acercarse a la víctima y la obligación de realizar tratamiento psicológico, si se considera necesario tras un informe previo.
