La Justicia neuquina ha rechazado la solicitud de salidas transitorias presentada por Pedro Jofré, condenado a ocho años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

El 29 de julio de 2022, durante una protesta de ATE en San Martín de los Andes, Jofré extrajo un revólver y disparó contra la empleada municipal Elena Cabezas, hiriéndola en la cadera, y luego contra los reporteros gráficos Federico Soto y Patricio Rodríguez, quienes cubrían la manifestación.

Tras el ataque, Jofré se dio a la fuga y estuvo prófugo durante nueve horas antes de entregarse en la ciudad de Neuquén.

Durante el proceso judicial, la defensa de Jofré solicitó la prisión domiciliaria, pero el tribunal la rechazó, argumentando riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

El gremio ATE suspendió a Jofré de su afiliación por 90 días, considerando que los hechos imputados son contrarios a los principios de la organización.

El Gobierno de Neuquén, a través de un decreto firmado por el gobernador Omar Gutiérrez, desvinculó a Jofré del Ministerio de Desarrollo Social, donde tenía una licencia gremial para trabajar en ATE.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado argentino a investigar y sancionar a los responsables del ataque, subrayando la importancia de garantizar la seguridad de los periodistas en contextos de manifestaciones sociales.

El caso de Pedro Jofré continúa generando repercusiones en el ámbito sindical y político, destacando la necesidad de abordar la violencia en las protestas y de proteger la labor periodística.