Un proyecto de ley que apunta a reducir progresivamente los vertidos líquidos industriales y residenciales en los ríos y lagos de Neuquén será presentado este miércoles en la Legislatura provincial. La iniciativa, impulsada por el diputado Guillermo Monzani de Fuerza Libertaria, ya cuenta con aval técnico y respaldo político en comisión.
La propuesta establece un cronograma de implementación de hasta 15 años, con objetivos intermedios que deberán ser cumplidos por industrias, municipios y organismos estatales. El proyecto pretende transformar el modelo actual de gestión de efluentes, promoviendo prácticas más sustentables y el cuidado del entorno hídrico provincial.
El texto legislativo fue trabajado con equipos técnicos especializados en medioambiente y saneamiento, y ya obtuvo despacho favorable en comisión, lo que anticipa una posible aprobación en el recinto. También recibió el apoyo de sectores ambientalistas, intendencias y representantes del oficialismo y la oposición.
Uno de los puntos centrales es la prohibición gradual del vertido de líquidos sin tratamiento adecuado, lo que implica una modernización de plantas de tratamiento y una inversión sostenida en infraestructura para evitar la contaminación de cuerpos de agua dulce, como el Limay, el Neuquén y el Nahuel Huapi.
El proyecto incluye incentivos para las empresas que adopten tecnologías limpias antes de los plazos estipulados, así como sanciones para quienes incumplan. Se busca generar un cambio cultural y estructural en la relación entre desarrollo productivo y preservación ambiental, destacaron los impulsores de la norma.
Monzani subrayó que no se trata de una medida punitiva sino de una política de Estado, que busca equilibrar el crecimiento económico con la protección de los recursos naturales, fundamentales para el turismo, la pesca, el consumo humano y la biodiversidad regional.
La iniciativa también prevé la creación de un sistema de monitoreo público y transparente, que permitirá controlar en tiempo real la calidad del agua en distintas cuencas y detectar posibles focos de contaminación. Esto incluiría convenios con universidades y organismos científicos.
Organizaciones sociales y ambientalistas expresaron su apoyo al proyecto, destacando su enfoque integral y de largo plazo, y reclamaron su pronta sanción. La presión ciudadana en defensa del agua y la salud ambiental ha sido clave para que este tipo de proyectos ingresen en la agenda legislativa.
