La justicia neuquina agravó los cargos contra Claudia Silva, la mujer que el 1 de agosto embistió y provocó la muerte de Elizabeth Martínez, una motociclista que había dejado a su hijo en la escuela minutos antes del hecho. La fiscal Guadalupe Inaudi reformuló la acusación y sostuvo que la imputada actuó con dolo eventual, lo que implica que previó el resultado fatal y aun así continuó con su accionar.

El siniestro ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando la conductora de un Volkswagen Vento gris, que circulaba sin licencia habilitante y a una velocidad superior a la permitida, pasó un semáforo en rojo en una zona de intenso tránsito y atropelló a la víctima. El impacto causó la muerte inmediata de Martínez por politraumatismos. La acusada se dio a la fuga sin asistirla, aunque más tarde se presentó en la comisaría 5 de Centenario.

Inicialmente fue imputada por homicidio culposo agravado, pero nuevas pruebas modificaron la valoración judicial. Entre ellas, el análisis de cámaras que determinó que transcurrieron 12 segundos desde el cambio de semáforo hasta el choque, y una pericia que comprobó cortes intencionales en el sistema de frenos compatibles con un cuchillo hallado en el vehículo.

La fiscalía recordó que la mujer ya había protagonizado otro incidente vial el año pasado, inicialmente cerrado bajo el criterio de “pena natural”, pero reabierto con pedido de audiencia de formulación de cargos. Además, salió a la luz un video de 2022 en el que, como acompañante, incitaba a pasar semáforos en rojo a gran velocidad y exclamaba: “nos vamos a morir”.

Más recientemente, el 17 de agosto, fue protagonista de un altercado en un control de alcoholemia, donde desafió a transeúntes que la recriminaron pese a no ser la conductora.

En la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, Inaudi, junto a la asistente letrada Agustina Jarry, solicitó la reformulación de cargos a homicidio simple con dolo eventual (artículos 79 y 45 del Código Penal) y pidió la prisión preventiva por 6 meses. Argumentó riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación, citando el daño deliberado en los frenos y el cambio de domicilio tras la primera imputación.

La jueza de garantías Carina Álvarez aceptó la nueva calificación, pero impuso una prisión preventiva de 4 meses y la prohibición de contacto con los allegados de la víctima.

Con esta medida, la imputada enfrentará un proceso judicial que podría derivar en una pena de prisión efectiva.