El fiscal general José Gerez expuso ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura neuquina una serie de reformas al Código Procesal Penal orientadas a reforzar las investigaciones sobre microtráfico de drogas. Lo acompañaron el fiscal jefe Agustín García, las fiscales de Narcocriminalidad, Eugenia Titanti y Silvia Moreira, y la coordinadora provincial Mariana Querejeta. El objetivo es dotar a la Justicia de instrumentos eficaces ante un delito que evoluciona con rapidez y afecta de forma directa a los barrios de la provincia.
Entre las herramientas propuestas figuran la incorporación de la figura del agente revelador, el informante protegido, la admisión de denuncias anónimas, los allanamientos nocturnos, el uso de tecnología de vigilancia con orden judicial y la ampliación de plazos de detención preventiva en el marco de investigaciones complejas. Gerez remarcó que estos cambios buscan adecuar el sistema provincial a la realidad del narcotráfico y sus formas actuales de operación.
El agente revelador será un miembro de fuerzas de seguridad autorizado para simular interés o participación en operaciones de drogas, con el fin de identificar responsables, recolectar pruebas y detener a los involucrados. A diferencia de un infiltrado, su actuación sería puntual y controlada. Por su parte, el agente informante sería una persona civil que, con reserva de identidad y a cambio de una retribución económica, brinde información valiosa a las autoridades para iniciar o guiar investigaciones.
Respecto a la necesidad de permitir allanamientos nocturnos, la fiscal Silvia Moreira explicó que la venta de drogas suele concentrarse entre las 18 y las 4 de la mañana. Por ello, consideró imprescindible modificar el Código para habilitar diligencias en ese horario y poder intervenir durante la comisión del delito. Actualmente, la legislación impide estos operativos si no es en flagrancia, lo cual dificulta la eficacia de la respuesta penal.
Otro de los ejes fue la denuncia anónima, un recurso frecuente en la práctica, pero que hoy carece de sustento normativo. “La gente tiene miedo, por eso necesitamos legitimarla”, sostuvo Gerez. La fiscal Eugenia Titanti precisó que entre marzo y junio hubo 70 aportes de vecinos y vecinas que derivaron en investigaciones concretas. “Le pedimos colaboración a la sociedad, pero sin estos cambios es difícil sostener esos procesos”, indicó.
A su turno, el fiscal jefe García propuso ampliar de 24 a 48 horas el plazo para controlar las detenciones. Argumentó que en delitos como el microtráfico, donde hay múltiples implicados, operaciones cruzadas y dinero en circulación, es necesario más tiempo para recopilar información clave. También pidió precisar el momento procesal en que debe aplicarse el límite máximo de un año para las prisiones preventivas, conforme al criterio mayoritario de la jurisprudencia.
El uso de tecnología electrónica para captar audios o imágenes fue otra propuesta. Gerez ejemplificó que con autorización judicial se podrían usar drones para registrar desde el aire patios donde se sospecha venta de drogas. Estas medidas, subrayó, no buscan avasallar derechos, sino actuar con control institucional ante delitos organizados. La coordinadora Querejeta sintetizó la necesidad con una frase: “El crimen siempre va un paso adelante de la ley”.
Finalmente, el fiscal general destacó los avances logrados desde la desfederalización: en tres meses se lograron cinco condenas, se investigaron 70 puntos de venta por denuncias anónimas y se llevaron casos a localidades como Varvarco, El Huecú y Añelo, donde antes no se actuaba.
“Tenemos fiscales preparados, presencia policial territorial y un plan estratégico para enfrentar este flagelo con decisión” concluyó Gerez.
