Tras el ataque a un vehículo de Población Judicializada en el que se registraron ocho disparos, los trabajadores del área iniciaron medidas de fuerza y exigen protocolos de seguridad. En el incidente, ocurrido en Cutral Co, el viernes pasado, resultó herido un chofer del sector que realizaba tareas de rutina cuando fue sorprendido por la balacera. Julio Salazar, vocero y trabajador administrativo de Población Judicializada, relató los temores y demandas del personal luego de este grave suceso, que consideran una muestra de la creciente peligrosidad que enfrenta su labor.

Medidas de fuerza y reclamo de garantías

El lunes siguiente al incidente, los empleados se reunieron en una asamblea en la sede de Población Judicializada, donde resolvieron iniciar un quite de colaboración y mantener una asamblea permanente en todas las delegaciones. Las medidas buscan llamar la atención sobre las condiciones de seguridad en las que trabajan y expresar su demanda de intervención al Ministro de Justicia, a quien los empleados han solicitado se acerque a dialogar directamente con ellos.

Salazar, en representación de los trabajadores, explicó que si bien ya se habían enfrentado a situaciones menores de riesgo en ocasiones anteriores, “este hecho de extrema gravedad fue lo que colmó la paciencia de todos los compañeros”. También enfatizó que la institución ha solicitado mejoras en sus protocolos de trabajo desde hace tiempo, alertando sobre los riesgos que existen en ciertas áreas y las dificultades logísticas que atraviesan al movilizarse en zonas críticas sin respaldo adecuado.

Población judicializada y entorno hostil

El equipo de Población Judicializada trabaja con personas en conflicto con la ley, tanto aquellas que cumplen condenas excarcelables en el medio libre como las que se encuentran detenidas o en procesos de reintegración social. Según el vocero, estas personas suelen regresar a sus comunidades de origen, muchas veces en entornos donde es difícil romper el ciclo de violencia y donde la falta de recursos y de protocolos de seguridad expone aún más a los trabajadores.

En el caso de Cutral Co, uno de los choferes tuvo que ser trasladado desde Neuquén para suplir la falta de personal local, lo cual, según Salazar, dificulta aún más las operaciones. Explicó que además de la falta de choferes, existe escasez de personal técnico especializado en los territorios, como psicólogos y trabajadores sociales. Esta carencia implica que los mismos profesionales que evalúan los casos también deben supervisarlos en el día a día, lo que complica aún más la tarea y aumenta el riesgo.

La necesidad de protocolos de seguridad

Uno de los puntos clave en la lista de demandas es la jerarquización y protección del equipo profesional. Según Salazar, los profesionales tienen una responsabilidad fundamental, ya que sus informes técnicos determinan las posibilidades de libertad o beneficios para los internos, decisiones que afectan profundamente las vidas de las personas involucradas. Sin embargo, explicó que los trabajadores enfrentan cuestionamientos y presiones que minan su autoridad y dificultan su labor en un contexto tan sensible.

Al referirse al ataque en Cutral Co, Salazar mencionó que los disparos iban dirigidos a una persona en conflicto con la ley y que no tuvieron consideración alguna con el personal de justicia que lo acompañaba. “Lo grave es que no les importa si hay personal de Justicia, policía o población judicializada a la hora de hacer un ajuste de cuentas”, lamentó, aludiendo al alto riesgo que enfrentan en determinadas áreas y situaciones.

Recursos y acompañamiento para la seguridad

Ante la pregunta sobre el uso de personal de seguridad durante las intervenciones, Salazar explicó que la medida puede ser un arma de doble filo, especialmente en zonas con alta conflictividad. Para evitar que la situación se descontrole, propuso que, en ciertos lugares, el acompañamiento sea discreto o en cercanías, asegurando una reacción rápida en caso de incidentes sin provocar una escalada de violencia.

El trabajador aclaró que, si bien no se sienten completamente atemorizados, sí han tomado recaudos adicionales en sus salidas, aumentando la cautela ante la posibilidad de nuevos ataques. La petición de protocolos de seguridad incluye opciones viables y sostenibles para prevenir situaciones críticas y proteger tanto a los trabajadores como a los involucrados en el proceso de reinserción social.

Impacto en la salud y la moral de los trabajadores

Salazar describió cómo el incidente afectó profundamente a los compañeros que vivieron de cerca el tiroteo. La situación se tornó aún más angustiante al saber que el chofer fue herido por vidrios rotos cuando una bala impactó en el retrovisor. “Es una situación que nadie desea vivir mientras hace su trabajo”, afirmó, destacando el impacto emocional en los profesionales que cumplen sus labores bajo presión y en condiciones que no siempre permiten la atención completa a sus responsabilidades.

Pese a la gravedad del ataque, los empleados de Población Judicializada mantienen su asistencia en los lugares de trabajo sin atender oficios ni realizar informes. Salazar señaló que las sedes de las delegaciones en el interior –Cutral Co, Chos Malal, Zapala y San Martín de los Andes– también están en asamblea permanente, aguardando que el ministro o las autoridades competentes se acerquen a la sede para abordar las demandas y estudiar soluciones que garanticen condiciones seguras para el desarrollo de su trabajo.

“Queremos que las autoridades visibilicen la importancia de nuestra institución y reconozcan que los informes de los técnicos son determinantes en la toma de decisiones judiciales”, concluyó. Los trabajadores esperan una respuesta clara y rápida que asegure un entorno de trabajo adecuado y digno, para evitar futuros incidentes como el ocurrido en Cutral Co, que puso de manifiesto las dificultades y riesgos de una labor imprescindible en la reintegración y control de la población en conflicto con la ley.