La mujer explicó que en una audiencia reciente un juez revocó la libertad que previamente había sido concedida por una jueza de garantías. “Hubo presión social, había organizaciones manifestándose y sentimos que eso influyó en la decisión”, afirmó Aqueveque, quien relató que incluso se produjeron incidentes cuando intentaron exhibir carteles en apoyo a Segovia.

Según la versión de la familia, las pericias de ADN, huellas, el vehículo y el celular dieron resultados negativos, y sostienen que Segovia no conocía a la víctima ni tenía vínculo con su entorno. Aun así, continúa detenido desde hace dos años, mientras la fiscalía sostiene su hipótesis basada en cámaras de seguridad y la ubicación del teléfono celular del acusado.

“No queremos enfrentarnos con nadie, queremos una justicia verdadera. Si después de dos años no encontraron al verdadero culpable, ¿por qué seguir acusando a alguien que es inocente?”, planteó Aqueveque.

La familia presentó un nuevo pedido ante el Tribunal de Impugnación para revisar la medida y cuestionó las contradicciones judiciales: “Una jueza dijo que sí, otro juez dijo que no. Necesitamos claridad y que se analicen las pruebas reales”.

El caso presenta además una complejidad jurisdiccional, ya que involucra actuaciones de la Justicia de Neuquén y la de Río Negro. En paralelo, Segovia tiene otra causa previa por abuso sexual, en la cual ya hubo sentencia.

Mientras avanza el proceso, la familia del detenido afirma que continuará reclamando su liberación y denuncia haber sido blanco de agresiones durante las manifestaciones en tribunales.

“Hay una hija que necesita a su papá y una familia que está destrozada”, expresó entre lágrimas la pareja del acusado.

Las próximas resoluciones judiciales serán claves para determinar si Segovia continúa detenido mientras sigue el juicio o accede a la libertad mientras se profundiza la investigación.