Alejandra Parra y Víctor Guerrero, damnificados de la cooperativa de vivienda 127 Hectáreas, denunciaron públicamente haber sido víctimas de una presunta estafa que lleva más de una década de espera sin respuestas. Ambos relataron en una entrevista para Radio 7  los pagos realizados, las promesas incumplidas y las condiciones irregulares de los contratos firmados con la entidad liderada por el ex director de Hábitat y Urbanismo de la provincia, Jorge Salas.

Alejandra, integrante del proyecto Sirena Unificada, aseguró que lleva 15 años esperando su vivienda. Durante ese tiempo pagó más de 600.000 pesos, además de haber firmado un pagaré en blanco, sin precisiones legales. Víctor, por su parte, forma parte del loteo de la Meseta, una zona que –según relataron– se encuentra fuera del ejido urbano y no posee condiciones mínimas de urbanización.

“Nos llevaron a conocer el loteo dos años después de haber firmado, por caminos de picada, sin acceso claro. En el contrato figuraba el IMUH (Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat), lo que nos dio confianza, pero nunca vimos el terreno antes de pagar”, relató Víctor.

Los testimonios también apuntan a la falta de controles del Estado, a pesar de que la cooperativa participó de campañas y acuerdos con funcionarios. En ese sentido, denunciaron que la publicidad institucional prometía 10.000 viviendas anuales, en articulación con gestiones municipales y provinciales.

“Nos jugaron con la necesidad y con el sueño de la casa propia”, lamentó Alejandra, quien reiteró su pedido de que la Dirección de Personas Jurídicas intervenga la cooperativa.

Los damnificados destacaron que ya no pagan la cuota social, que en muchos casos implicaba intereses punitorios por atraso, y que muchos de los proyectos carecían de ubicación, servicios básicos o condiciones legales.

El caso se suma a los allanamientos realizados días atrás por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una causa por estafa que involucra a más de 1.400 familias y un perjuicio estimado en más de 10 millones de pesos.

“Nos dijeron que nos perjudicamos al denunciar, pero hoy confiamos en la Justicia. Queremos claridad, transparencia y una respuesta concreta. No es una bandera política, es una lucha por vivir dignamente”, expresaron.

Mientras tanto, los grupos afectados continúan movilizándose cada sábado en el monumento de la ciudad y articulando diálogo con referentes políticos como César Gass, quien pidió informes formales al IPVU y al ADUS.