Neuquén y Río Negro alcanzaron un acuerdo clave con el Gobierno Nacional para la licitación de la operación de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, un entendimiento que reconoce a ambas provincias como dueñas de sus recursos hídricos y establece un esquema que asegura mayores ingresos, control sobre la gestión y obras de seguridad hídrica.

El nuevo marco concesional, fruto de meses de negociaciones encabezadas por los gobernadores Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, incorpora condiciones reclamadas hace más de 30 años, como un canon por el uso del agua inexistente en los contratos anteriores, la posibilidad de cobrar regalías en energía eléctrica, un fondo específico para obras y plazos concretos para ejecutar trabajos de protección ante crecidas máximas probables.

“El agua es propiedad de los rionegrinos y neuquinos. Este es un triunfo de la unidad norpatagónica y un paso decisivo en la defensa de nuestros recursos”, señalaron ambos mandatarios en un comunicado conjunto.

Entre los principales logros se destaca que el precio de la energía se fijará en dólares para la venta a Cammesa, otorgando previsibilidad a los ingresos y favoreciendo la planificación de inversiones. Además, las regalías se calcularán sobre la totalidad de los ingresos de las concesionarias, eliminando exclusiones y sumando conceptos que antes no se contemplaban, como la potencia disponible real y la regulación de frecuencia.

Las provincias también podrán percibir regalías en especie, recibiendo energía eléctrica que podrá destinarse al consumo interno o a la promoción de actividades productivas. Se establece, además, que las concesionarias deberán financiar la obtención de información hidrometeorológica y contribuir a su gestión.

Otro punto central es el canon por uso del agua, que representará una nueva fuente de ingresos directos para Neuquén y Río Negro, sumado a un fondo especial para obras de protección definido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) con intervención provincial. Asimismo, se fija un plazo máximo de 24 meses para realizar estudios técnicos que determinen las obras necesarias para garantizar la seguridad de las represas, en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema de 2009.

“La energía que generan nuestros ríos seguirá siendo motor de producción, empleo y desarrollo. Con estas nuevas reglas, las represas del Comahue no solo producirán electricidad: producirán futuro para la Patagonia”, afirmaron Figueroa y Weretilneck.

Este acuerdo marca un hito en la relación de las provincias patagónicas con el Estado Nacional, fortaleciendo su rol en la gestión de recursos estratégicos y asegurando que la riqueza generada por sus ríos se traduzca en beneficios concretos para sus habitantes.