La Legislatura de Neuquén aprobó una nueva ley que regula el uso de radares en rutas provinciales y suspende su facultad de emitir multas por 180 días. Durante este período, los municipios deberán solicitar autorización formal al Gobierno provincial y cumplir una serie de requisitos técnicos y legales para poder volver a sancionar excesos de velocidad. La medida impacta de lleno en localidades como San Patricio del Chañar y Añelo, donde se habían instalado equipos sin un marco jurídico provincial claro.
La diputada Giselle Stillger, del bloque Arriba Neuquén, explicó que hasta ahora los municipios instalaban radares en rutas provinciales sin necesidad de pedir permiso, ya que no existía ninguna normativa específica. «A partir de ahora, la provincia tendrá la potestad de autorizar, auditar y fiscalizar esos dispositivos», afirmó.
Durante los próximos seis meses, los radares instalados no podrán emitir multas. Los municipios deberán justificar su instalación argumentando, por ejemplo, altos niveles de siniestralidad, cercanía a zonas escolares, hospitales o cruces peligrosos, y garantizar la adecuada señalización del radar. Según Stillger, «los conductores deben ser advertidos con una señal clara al menos 500 metros antes del radar, de lo contrario no se cumple con el objetivo de prevención y educación vial».
Además, se exigirá que los radares cuenten con homologación y certificación anual, condición clave para garantizar la validez de las mediciones. “Una multa por ir a 65 km/h en zona de 60 solo tiene sentido si el radar realmente mide bien. Por eso la ley exige que estén certificados por el INTI y auditados por la provincia”, remarcó la legisladora.
Las multas emitidas hasta ahora seguirán vigentes, aunque los ciudadanos podrán impugnarlas si no hubo señalización adecuada o si el radar carece de la correspondiente homologación. Stillger aclaró que la ley no tiene efecto retroactivo, por lo que las sanciones previas a la entrada en vigencia deberán impugnarse caso por caso.
Una innovación importante es que las infracciones deberán ser notificadas en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la fecha de la supuesta falta. «Recibir una multa dos o tres años después es absurdo. El plazo razonable son 60 días para que la persona recuerde si efectivamente pasó por ahí», explicó Stillger.
Otra novedad es que la ubicación de los radares autorizados será publicada en una plataforma oficial, lo que permitirá a los conductores consultar en línea la legalidad y localización exacta de los dispositivos.
El debate sobre los radares en Neuquén cobró fuerza en 2023, cuando se denunció la existencia de un radar ilegal en El Chocón sobre una ruta nacional, sin autorización de Vialidad Nacional. Aunque se logró removerlo, muchos ciudadanos ya habían abonado las multas. Stillger sostuvo que esas personas «tienen derecho a reclamar el reintegro del dinero, porque el radar era ilegal».
A partir de ahora, las municipalidades deberán regularizar su situación si quieren seguir utilizando radares con fines sancionatorios. Si no lo hacen, a partir del 2025 seguirán inhabilitadas para emitir multas, lo que podría generar un cambio significativo en el esquema de control de tránsito en rutas provinciales.
