Los empleados estatales de Neuquén recibirán este miércoles la segunda cuota del bono extraordinario de 260 mil pesos, según confirmó el Gobierno provincial. Este pago alcanza a todos los trabajadores de la Administración Pública y se enmarca en el acuerdo salarial alcanzado en las últimas paritarias.

El desembolso responde a un compromiso asumido con los gremios estatales en el contexto de la negociación salarial. La medida busca compensar la pérdida del poder adquisitivo producto de la inflación, asegurando un refuerzo económico que alivie la situación de los trabajadores.

El pago del bono fue acordado con la totalidad de los sindicatos estatales, lo que garantiza su universalidad dentro del sector público. Este esfuerzo económico por parte del gobierno provincial responde a la necesidad de mantener la paz social y evitar conflictos gremiales.

Junto con el bono, se mantiene la actualización de sueldos según la inflación, aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo permite que los haberes estatales no pierdan valor ante el alza de precios, brindando previsibilidad a los trabajadores y a las finanzas provinciales.

El gobernador ratificó el compromiso de seguir dialogando con los gremios para garantizar acuerdos que contemplen la situación económica del país y de la provincia. En este sentido, las paritarias continúan siendo la herramienta central para definir mejoras salariales y otros beneficios laborales.

El impacto del bono es significativo en la economía provincial, ya que inyecta liquidez en el consumo local. Los comercios esperan un repunte en las ventas, especialmente en sectores como alimentos, indumentaria y servicios, que suelen beneficiarse con este tipo de pagos extraordinarios.

Desde los gremios estatales valoraron la medida, pero advierten que seguirán en alerta ante la evolución de la inflación. Según referentes sindicales, si la escalada de precios no se frena, será necesario reabrir las negociaciones para garantizar que los sueldos no queden rezagados.

El bono forma parte del presupuesto 2025 y responde a un plan de ordenamiento fiscal, según explicaron fuentes del Ministerio de Economía provincial. La intención del gobierno es equilibrar el gasto público sin descuidar el poder adquisitivo de los empleados estatales.