La provincia de Neuquén ha reformado su Código de Faltas para incluir sanciones específicas contra quienes ejerzan violencia hacia trabajadores de la educación, en respuesta a una creciente ola de agresiones en instituciones escolares. La medida contempla multas de 10 a 100 JUS (equivalentes a $601.095,5 a $6.010.955 según valores actuales), trabajo comunitario de hasta 20 jornadas o arresto de hasta 30 días para personas ajenas al sistema educativo que agredan a docentes en ejercicio de sus funciones.

El procedimiento sancionatorio será de carácter administrativo, con resolución fundada y derecho a descargo por parte del infractor, sin perjuicio de la posibilidad de presentar una denuncia judicial paralela. Esta reforma busca brindar herramientas legales efectivas para proteger a los educadores y garantizar un ambiente seguro en las escuelas.

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) ha sido una de las principales impulsoras de esta reforma, solicitando reuniones urgentes con autoridades judiciales y gubernamentales para abordar la problemática de la violencia en las instituciones educativas. El gremio ha manifestado su preocupación por la falta de intervención adecuada de los organismos estatales en situaciones de conflicto, lo que expone a los trabajadores a ambientes laborales inseguros y con riesgo de violencia.

Casos recientes, como el ocurrido en la escuela primaria N° 22 de Plaza Huincul, evidencian la gravedad de la situación, donde el equipo directivo decidió cerrar los portones del edificio ante un episodio de violencia entre familias de estudiantes, permitiendo únicamente el ingreso por una entrada de emergencia para proteger la integridad de alumnos y docentes.

ATEN también ha denunciado amenazas e intimidaciones hacia docentes tras denuncias de abuso en jardines de infantes, como en el caso del Jardín 32, donde la dirigencia gremial aseguró que el resto de los docentes y directivos recibió «amenazas, intimidaciones y acciones violentas» que pusieron en riesgo «la integridad física, psicológica y el honor de muchos trabajadores de la educación».

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE), ha anunciado que accionará en la Justicia ante hechos de violencia en escuelas, como los ocurridos en el CPEM 54 y el Colegio San Martín, afirmando que «de ninguna manera vamos a aceptar este tipo de prácticas en las instituciones educativas».

La reforma al Código de Faltas establece que las penas de arresto o multa podrán ser sustituidas, total o parcialmente, por una instrucción especial, como asistencia a un curso educativo, cumplimiento de tratamiento terapéutico, trabajo comunitario o prohibición de concurrencia a determinados lugares, cuando por las características del hecho y condiciones personales del contraventor sea conveniente su aplicación.

Con estas medidas, la provincia de Neuquén busca garantizar entornos seguros y propicios para el desarrollo integral de los estudiantes y el ejercicio pleno de la labor docente, respondiendo a las demandas del gremio docente y de la comunidad educativa en general.