El Concejo Deliberante de Neuquén debatirá el próximo 10 de abril la posible regulación de las aplicaciones de transporte Uber, Didi y Cabify, en una sesión que promete ser clave para el futuro de la movilidad urbana en la ciudad. La iniciativa divide aguas entre quienes impulsan su habilitación y el Ejecutivo Municipal, que mantiene su defensa del actual sistema de taxis y remises.
En la agenda legislativa se incluirán dos proyectos presentados por los concejales Carlos Eguía y Denisse Stillger, quienes proponen incorporar legalmente estas plataformas digitales al servicio de transporte local. Los ediles argumentan que la ciudad debe adaptarse a nuevas demandas de los usuarios y ofrecer alternativas de traslado más modernas y accesibles.
Sin embargo, el Ejecutivo Municipal sostiene que el sistema de transporte público ya cuenta con regulaciones vigentes que garantizan su control y fiscalización. Desde la administración que encabeza el intendente Mariano Gaido, advierten que cualquier incorporación de nuevas modalidades debe contemplar la protección del sector de taxis y remises, que viene reclamando por la competencia desleal.
En este sentido, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, confirmó que el municipio continuará fiscalizando los servicios considerados “irregulares” hasta que el Concejo tome una decisión definitiva. “No podemos permitir que haya un transporte que no esté sujeto a las mismas reglas que el resto”, expresó el funcionario.
El debate anticipa una intensa discusión legislativa sobre el impacto económico y social que tendría la llegada formal de estas plataformas. Por un lado, sectores de la sociedad civil y organizaciones de usuarios apoyan su habilitación, destacando la flexibilidad, seguridad y tarifas más competitivas que ofrecen. Por el otro, los representantes del transporte tradicional advierten sobre la pérdida de fuentes de trabajo y el riesgo de precarización laboral.
El proyecto de Eguía y Stillger contempla un esquema de habilitación, registro y control para los conductores de aplicaciones, así como el pago de tributos municipales y la exigencia de seguros específicos para el transporte de pasajeros. La iniciativa busca equiparar condiciones con los prestadores de servicios tradicionales, aunque todavía no cuenta con el aval de la mayoría de los bloques.
Desde el Ejecutivo, en tanto, insisten en que la prioridad debe ser fortalecer el sistema actual y garantizar su sostenibilidad. Aseguran que cualquier avance hacia nuevas formas de movilidad debe realizarse bajo un marco de consenso y sin perjudicar a los trabajadores del sector.
El debate del 10 de abril será seguido de cerca por todos los sectores involucrados y promete marcar un antes y un después en la política de transporte de la ciudad. Mientras tanto, persisten los operativos de control que multan y retienen vehículos que operan mediante estas aplicaciones sin habilitación oficial.
