La Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con 172 votos a favor, generando diversas reacciones entre los referentes del sector. Daniela Carrera, del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, valoró la medida como un paso positivo para garantizar derechos y recursos para las personas con discapacidad en Neuquén.
Carrera destacó que esta decisión reconoce una situación de crisis extrema en el acceso a prestaciones, salud y medicamentos, afectando directamente la vida de muchas personas que requieren apoyo para vivir dignamente. La referente insistió en que no se trata solo de derechos simbólicos, sino de garantizar recursos esenciales.
El rechazo al veto, según Carrera, constituye un acto de justicia democrática. La participación activa del colectivo de personas con discapacidad permitió fortalecer la visibilidad del sector y la posibilidad de influir en políticas públicas que afectan su vida cotidiana y bienestar.
La nueva ley contempla actualizaciones en los honorarios de los profesionales del sistema de discapacidad, incluyendo kinesiólogos, fonoaudiólogos, maestras de inclusión y acompañantes terapéuticos, cuyo pago estaba desactualizado desde hace tiempo y repercute directamente en la calidad de la atención.
Además, la norma establece ajustes en las pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad que no pueden trabajar, asegurando un ingreso básico fundamental para su sustento y evitando que las familias deban asumir la totalidad de los gastos vinculados al cuidado y tratamiento.
Carrera alertó sobre 40 situaciones en la provincia de Neuquén donde las pensiones fueron dadas de baja de manera irregular, señalando que muchas personas debieron presentar documentación imposible de conseguir en los plazos establecidos por la Agencia Nacional de Discapacidad, generando angustia y riesgo para su sustento.
El Foro Permanente, junto a la Defensoría Federal, preparará acciones judiciales para revertir estas bajas y garantizar que las prestaciones lleguen efectivamente a quienes las necesitan. Carrera enfatizó que se trata de derechos humanos fundamentales, no de beneficios opcionales.
La referente concluyó que la ley y su tratamiento reflejan la necesidad de priorizar la vida y dignidad de las personas con discapacidad, recordando que los estados deben cumplir convenios internacionales y asegurar la igualdad de oportunidades y acceso a servicios esenciales.
