La provincia de Neuquén avanza con gestiones para recuperar la concesión de la mina de Andacollo, un yacimiento de gran potencial en el norte neuquino que permanece trabado desde hace más de cuatro años por un proceso judicial. El caso involucra a la empresa Trident Southern Explorations de Argentina SRL, que aún mantiene la concesión en medio de un concurso preventivo en Buenos Aires. La definición de este litigio es clave para abrir un nuevo proceso licitatorio.
De acuerdo con datos oficiales, solo entre un 10% y un 15% del total de la mina ha sido explotado hasta el momento, a pesar de que el área de concesión supera las 50.000 hectáreas bajo control de la Corporación Minera del Neuquén SEP (Cormine). Este bajo nivel de aprovechamiento genera preocupación en el gobierno provincial, que considera estratégico activar la producción para impulsar empleo y desarrollo local en Andacollo.
El presidente de Cormine, Mariano Brillo, confirmó que la provincia inició gestiones para que la mina vuelva a quedar bajo disposición del Estado neuquino. Según explicó, la instrucción proviene directamente del gobernador, que pidió acelerar los plazos judiciales y recuperar el control del proyecto. “Deseamos que se culmine cuanto antes para disponer de la mina nuevamente”, afirmó Brillo al referirse al concurso que continúa en trámite en la justicia porteña.
La causa judicial se transformó en un obstáculo para el desarrollo económico de la zona, ya que el estancamiento impide la llegada de nuevas inversiones y retrasa la posibilidad de llamar a licitación internacional. En el norte neuquino, la actividad minera es vista como un pilar de diversificación productiva frente a la fuerte dependencia de los hidrocarburos. La demora judicial, en cambio, genera incertidumbre y limita oportunidades de empleo en la región.
La mina de Andacollo fue considerada en diferentes estudios geológicos como un área con alto potencial en oro, plata y cobre, lo que representa un atractivo considerable para capitales nacionales y extranjeros. Sin embargo, la falta de definiciones legales mantiene bloqueada la apertura a nuevas empresas interesadas en su explotación. El desafío para Neuquén es conciliar seguridad jurídica con un modelo de desarrollo sustentable que contemple a la comunidad local.
En este contexto, el gobierno provincial busca dar señales de certidumbre a los posibles oferentes. Para ello, Cormine trabaja en informes técnicos y ambientales que estarán disponibles una vez que se logre recuperar la mina. El objetivo es abrir un proceso licitatorio transparente, con condiciones claras y con la mira puesta en generar beneficios tanto para la provincia como para Andacollo, donde la minería constituye una fuente de expectativas para su población.
La discusión también abre un debate político más amplio: qué modelo de minería quiere impulsar Neuquén en el futuro. Mientras sectores empresariales promueven acelerar la explotación de los yacimientos, organizaciones sociales reclaman mayores controles ambientales y participación ciudadana en las decisiones. El caso de Andacollo se presenta, entonces, como una prueba de fuego para la gestión provincial en materia de recursos naturales.
La resolución judicial será determinante en las próximas semanas. Si Neuquén logra recuperar el control de la concesión, el gobierno provincial tendrá la posibilidad de convocar a nuevos interesados y revitalizar una zona postergada. De lo contrario, el litigio seguirá bloqueando la explotación de un recurso estratégico que hasta ahora solo ha sido aprovechado en un porcentaje mínimo de su potencial.
