El presidente Javier Milei oficializó, mediante el Decreto 373/2025, modificaciones sustanciales a la Ley N° 27.654, que establece el marco legal para la protección y asistencia de personas en situación de calle o en riesgo de perder su vivienda. La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, redefine las responsabilidades del Estado nacional y de las jurisdicciones locales en la atención de esta problemática.
A partir de ahora, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Capital Humano, será la nueva autoridad de aplicación de la ley. Su rol será establecer directrices y lineamientos generales en la materia, actuando como órgano rector. La intervención del Estado nacional será subsidiaria, brindando apoyo técnico y financiero a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) solo cuando estas no cuenten con los recursos necesarios para afrontar adecuadamente la problemática.
El decreto establece que las provincias y la CABA deberán formular y ejecutar sus propios planes de acción en sintonía con los lineamientos nacionales. Se instruye a las jurisdicciones locales a trabajar junto a la autoridad nacional para desarrollar políticas públicas inclusivas e integrales que permitan garantizar el derecho a la vivienda. Esta descentralización busca adaptar las políticas a las realidades locales, que varían significativamente según las regiones geográficas y las características de la población afectada.
Una de las modificaciones más significativas es la eliminación del inciso a) del artículo 12 de la ley original, que obligaba a mantener o integrar todos los programas preexistentes en la materia sin permitir su revisión o modificación. Según el decreto, esta imposición generaba obstáculos para el rediseño de políticas y la asignación eficiente de recursos, dificultando la atención de la población destinataria.
El decreto también sustituye el artículo 10 de la ley, que establecía que las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo tienen derecho al acceso efectivo a una vivienda digna de carácter permanente. La nueva redacción indica que las soluciones concretas para el problema del acceso a la vivienda digna deben ser definidas por las jurisdicciones locales en función del análisis realizado por sus servicios sociales especializados. Estas soluciones pueden incluir el otorgamiento de subsidios habitacionales, la creación de centros de inclusión social, el asesoramiento u orientación a las personas carentes de vivienda, entre otras medidas.
El Gobierno justifica estos cambios argumentando que la homogeneización de la política pública en esta materia derivaba en programas y un marco normativo que, lejos de resolver la problemática, se erigía en un instrumento burocrático inconveniente o no ajustado a la realidad de muchas jurisdicciones. Se destaca que los gobiernos locales cuentan con la capacidad operativa y la presencia territorial necesarias para implementar políticas eficaces, adaptadas a las necesidades y particularidades de cada población y jurisdicción.
La medida ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores valoran la descentralización y la posibilidad de adaptar las políticas a las realidades locales, otros expresan preocupación por la reducción de la intervención del Estado nacional en un contexto de creciente vulnerabilidad social. Organizaciones sociales y de derechos humanos advierten sobre el riesgo de que las provincias no cuenten con los recursos necesarios para garantizar los derechos de las personas en situación de calle.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Guillermo Francos y de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Con estas modificaciones, el Gobierno busca reordenar el esquema de responsabilidades entre el Estado nacional y las jurisdicciones locales, promoviendo una mayor eficiencia en la implementación de políticas públicas destinadas a las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo.
