El Gobierno nacional presentó nuevas medidas fiscales que apuntan a simplificar el sistema de control y promover el blanqueo de capitales, con especial impacto positivo para las provincias. Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anunció la eliminación de reportes bancarios obligatorios desde montos mínimos, lo que implica una reducción drástica de la burocracia tributaria y un incentivo directo para el ingreso al circuito formal.

Hasta ahora, comercios y bancos estaban obligados a informar al fisco cualquier operación desde apenas $15, lo que resultaba en una carga administrativa innecesaria sin beneficios reales en la fiscalización. Desde esta semana, sólo se reportarán transacciones que superen los $10 millones, lo que permite a las autoridades concentrar los esfuerzos de control en operaciones significativas.

Guillermo Francos, Jefe de Gabinete, explicó que la acumulación de millones de datos diarios no garantizaba un control efectivo, sino que “se terminaba por no controlar a nadie”. La nueva estrategia se basa en obtener menos información, pero más relevante, lo que mejora la capacidad de fiscalización real del Estado y reduce la fricción con contribuyentes y actores económicos.

Desde el punto de vista federal, varias provincias ya manifestaron su adhesión a la iniciativa, al considerar que representa una herramienta útil para fortalecer sus economías regionales. Córdoba expresó su apoyo a través del gobernador Martín Llaryora, mientras que Santa Fe, luego de una evaluación inicial, también respaldó el nuevo esquema, tras una conversación directa entre el gobernador Maximiliano Pullaro y funcionarios nacionales.

La iniciativa se inscribe dentro del llamado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos” y busca restaurar la confianza del ciudadano en el sistema fiscal. La menor carga burocrática podría incentivar a los pequeños y medianos empresarios a formalizar operaciones, lo que, según fuentes oficiales, “será un paso clave para fortalecer la recaudación provincial sin asfixiar al contribuyente”.

Francos admitió que la Provincia de Buenos Aires mostró inicialmente reparos, aunque atribuyó la resistencia a cuestiones políticas más que técnicas. “Siempre pasa eso con la provincia, pero estoy seguro de que lo vamos a superar. No hay motivo técnico para oponerse a estas reformas”, declaró en una entrevista radial.

Desde el Gobierno aseguran que este nuevo régimen fiscal no contraviene estándares internacionales ni acuerdos con organismos como el GAFI, desmintiendo versiones que sugerían incompatibilidades. Por el contrario, argumentan que un sistema simplificado y eficiente cumple mejor con los objetivos de control, al reducir el ruido estadístico generado por reportes de bajo valor fiscal.

El paquete de medidas será complementado por un proyecto de ley que se enviará al Congreso, con el objetivo de blindar jurídicamente el nuevo esquema. “Sin una ley, no hay cambio duradero”, sostuvo Francos, al tiempo que ratificó que el Gobierno trabaja en una reforma fiscal de segunda generación que incluya una revisión profunda del régimen de coparticipación, pendiente desde 1994.