La Legislatura de Neuquén aprobó en las últimas horas la Ley de Narcotest, que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos. 

La normativa exige a funcionarios de los tres poderes del Estado someterse a test toxicológicos anuales, aleatorios y sorpresivos.

El objetivo es detectar el consumo de sustancias como opioides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, cannabis, MDMA, benzodiacepinas y barbitúricos, entre otras. Cabe destacar que la normativa no alcanza a policías (ya sometidos a controles por ley orgánica) ni a candidatos, aunque sí a quienes resulten electos.

A su vez, busca asegurar que los funcionarios de alta responsabilidad no tengan vínculos con el narcotráfico a través de adicciones.

«Esta ley tiene como objetivo que ningún funcionario público de alta jerarquía o de alta responsabilidad tenga una vinculación con un narco», afirmó en Radio 7 el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, impulsor de la normativa.

También explicó que en caso de que un test resulte positivo y se confirme con una contraprueba, el funcionario deberá dejar su cargo. «Cuando los análisis den positivos y las contrapruebas confirmen estos análisis, el funcionario debe de estar el cargo a través de los mecanismos constitucionales de acuerdo a la jerarquía y el cargo», detalló Bermúdez.

Además, indicó que, a diferencia de otras iniciativas, esta ley no tiene un enfoque de salud, sino de transparencia y responsabilidad. «Esta ley no tiene un objetivo de salud. Esta ley tiene como objetivo que ningún funcionario público de alta jerarquía o de alta responsabilidad tenga una vinculación con un narco», reiteró Bermúdez.

La sociedad se enterará del resultado cuando el funcionario sea removido de su cargo, garantizando el derecho a la defensa durante el proceso.