La jueza Martina Forns ordenó suspender por seis meses cualquier acto administrativo derivado del decreto que pretendía eliminar la Dirección Nacional de Vialidad, tras hacer lugar a un amparo presentado por el gremio Sevina.

La medida cautelar alcanza al Decreto 461/2025, firmado el 8 de julio, que disponía la disolución del organismo y permitía avanzar con traslados, cesantías y la supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional.

“Teniendo en cuenta que en esta etapa preliminar del proceso se verifican circunstancias graves y objetivas, corresponde dictar una medida cautelar de no innovar para evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo”, sostuvo la magistrada en su resolución.

Forns fundamentó su decisión en la Constitución Nacional y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional (N.º 87, 98 y 151), que impiden al Estado, en su rol de empleador y regulador, modificar de forma unilateral condiciones laborales acordadas colectivamente.

La jueza aclaró que no se pronunció sobre la nulidad e inconstitucionalidad del decreto, ya que esa definición requiere “un análisis más profundo, con amplio debate y prueba, que no puede resolverse con los elementos incorporados hasta el momento”.

Con esta resolución, el gobierno de Javier Milei no podrá avanzar con la eliminación del organismo ni con medidas que afecten al personal de Vialidad Nacional, al menos hasta enero de 2026.