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La Justicia Electoral anuló la intervención del PJ salteño y restituyó a sus autoridades

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, declaró la nulidad de la intervención del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta, al considerar que fue dispuesta de manera “arbitraria” y sin el respaldo legal correspondiente. El fallo, emitido tras el análisis de la situación interna del partido, anuló la medida que había tomado el Consejo Nacional del PJ […]

La jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, declaró la nulidad de la intervención del Partido Justicialista (PJ) Distrito Salta, al considerar que fue dispuesta de manera “arbitraria” y sin el respaldo legal correspondiente.

El fallo, emitido tras el análisis de la situación interna del partido, anuló la medida que había tomado el Consejo Nacional del PJ el pasado 24 de febrero, cuando designó a Sergio Berni y María Luz Alonso como interventores desplazando al presidente partidario electo, Esteban Amat Lacroix.

Según la resolución, “no se advierte en el análisis hecho por el Consejo Nacional Federal la existencia de anormalidades institucionales ni incumplimientos legales que justifiquen una intervención”. Servini remarcó que esa potestad recae exclusivamente en el Congreso Nacional partidario.

La decisión judicial restituye a las autoridades salteñas que habían sido elegidas en 2023 para el período 2023-2027, y ordena notificar al Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia para asegurar su cumplimiento.

En sus alegatos, Amat Lacroix había señalado que desde su asunción al frente del PJ salteño el 10 de abril de 2023, se cumplieron con las obligaciones establecidas en las leyes partidarias y en las cartas orgánicas, manteniendo las cuentas ordenadas y desarrollando una intensa actividad política.

Además, sostuvo que la intervención respondió a una represalia política por haber apoyado a una lista opositora en la interna nacional del partido, y apuntó que se buscaba desplazar a las autoridades legítimas para permitir que un interventor designado desde Buenos Aires controlara las decisiones electorales del distrito.

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