“Desde el inicio del Gobierno” se vienen implementando “normativas que cercenan y limitan los derechos de reunión, protesta, huelga y la libertad sindical”, expresaron los gremialistas argentinos.

Y añadieron que “la persecución económica y penal” de los derechos esenciales “ha tenido episodios permanentes”, sumado al “despliegue de una política” que “reprime cualquier expresión de la protesta social”.

En esa misma línea, afirmaron que el “Protocolo Antipiquetes”, implementado por el Ministerio de Seguridad, “criminaliza la acción sindical y social, vulnerando el derecho a la protesta haciéndola de imposible cumplimiento”.

También denunciaron que “se procedió a intimar” a numerosas organizaciones sindicales por “multas millonarias” y “supuestos incumplimientos al protocolo”.

Por otro lado, remarcaron que las resoluciones del ministerio a cargo de Patricia Bullrich instrumentan un “esquema persecutorio” a través de la incorporación del concepto de “Seguridad Productiva”, la cual le otorga a las Fuerzas Federales “facultades extraordinarias” para “levantar manifestaciones, cuidar y garantizar el transporte de mercaderías”.

También expresaron a través de un comunicado que Milei impulsa una “política general de criminalización del conflicto laboral” y la “estigmatización y persecución” de los dirigentes.

En la reunión estuvieron presentes el secretario general de la CATT, Juan Carlos Schmid; Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Omar Pérez y Hugo Moyano hijo (Camioneros); y Pablo Biró (Pilotos).
Por el lado de la OIT, participó la directora de ese organismo Argentina, Gabriela Luna Camacho.