La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a tres años de prisión en suspenso contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por manipular datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) entre 2006 y 2007. La decisión, tomada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, también ratifica seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que podría complicar sus aspiraciones políticas.
El fallo de la Sala II de Casación, emitido el 5 de mayo de 2025, respalda la sentencia del Tribunal Oral Federal N°2, que halló a Moreno culpable de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos. La manipulación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el gobierno de Cristina Kirchner buscaba falsear datos de inflación, afectando la credibilidad del INDEC y las mediciones de pobreza.
Moreno, líder del partido Principios y Valores, fue acusado de presionar a funcionarios del INDEC para acceder a datos protegidos por el secreto estadístico y alterar la metodología del IPC. La exdirectora del IPC, Beatriz Paglieri, también recibió una condena similar, mientras que las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda fueron absueltas en el proceso.
La confirmación de la condena podría tener implicancias políticas significativas, especialmente si se aprueba el proyecto de Ficha Limpia, que impediría a personas con condenas penales ocupar cargos públicos. Moreno, quien apelará el fallo hasta la Corte Suprema, minimizó la sentencia y defendió su gestión, afirmando que no se probaron adulteraciones estadísticas.
La investigación, iniciada en 2007 tras una denuncia de la asociación civil Asamblea por los Derechos Sociales, se basó en publicaciones periodísticas que señalaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Moreno la reemplazó por Paglieri tras su negativa a revelar información confidencial sobre comercios relevados.
El fiscal Diego Luciani, junto a José Ipohorski, había solicitado cuatro años de prisión y diez de inhabilitación, acusando a Moreno de implementar un sistema de topes de precios para mantener la inflación por debajo del 10%. Estas maniobras, según Luciani, generaron una “desconfianza generalizada” en las estadísticas oficiales.
El fallo también ordenó investigar a la exministra de Economía Felisa Miceli, acusada de “liberar” al INDEC para facilitar la intervención de Moreno. Esta disposición, basada en testimonios y alegatos del juicio, podría abrir una nueva línea de investigación sobre la gestión kirchnerista.
La condena, que no implica prisión efectiva por ser de ejecución condicional, marca un precedente en la justicia argentina al sancionar la manipulación de estadísticas oficiales. Mientras Moreno insiste en la validez de los datos del INDEC, el caso subraya la importancia de la transparencia en la gestión pública y sus consecuencias políticas.
