El jurado popular resolvió absolver a los dos funcionarios cordobeses acusados de impedir el reencuentro entre Pablo Musse y su hija Solange, quien falleció en agosto de 2020 en Alta Gracia tras una dura batalla contra el cáncer de mama. La decisión generó debate público por el alcance de las responsabilidades estatales en el marco de la estricta cuarentena por COVID-19.

Los acusados eran José Fernando Andrada, exdirector del hospital de Huinca Renancó, y Analía Morales, trabajadora social del hospital de Río Cuarto, quienes enfrentaban cargos por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”. Ambos llegaron al debate en libertad y fueron finalmente liberados de toda responsabilidad penal tras el veredicto del jurado.

El caso se originó en agosto de 2020, cuando Pablo Musse viajó desde Plottier, Neuquén, hacia Córdoba con la intención de despedirse de su hija, gravemente enferma. Aunque contaba con permisos de circulación autorizados, fue detenido en un control sanitario en Huinca Renancó y obligado a regresar escoltado por patrulleros, sin poder descansar ni alimentarse durante el trayecto.

Los funcionarios aplicaron de manera estricta los protocolos sanitarios vigentes, que exigían la presentación de un test PCR negativo para ingresar a la provincia. A Musse se le realizaron pruebas rápidas que arrojaron falsos positivos, lo que derivó en la prohibición de su ingreso. Cinco días después, Solange falleció sin poder abrazar a su padre, lo que intensificó el impacto social del caso.

La carta de despedida escrita por Solange antes de morir se viralizó en todo el país, con la frase “hasta el último día tengo mis derechos”, que se transformó en un símbolo del dolor y la indignación popular frente a las restricciones extremas impuestas durante la pandemia. Ese texto marcó un punto de inflexión en la discusión pública sobre derechos y libertades en situaciones de emergencia sanitaria.

El juicio fue seguido de cerca por organizaciones de derechos humanos, familiares y referentes sociales, que reclamaban justicia por la situación vivida por Musse y por el debate más amplio en torno a la proporcionalidad de las medidas de aislamiento. La absolución de los acusados reavivó la discusión política sobre los límites de la autoridad en contextos de crisis.

Desde el plano institucional, la causa abrió interrogantes sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, obligados a hacer cumplir normativas sanitarias que, en muchos casos, entraron en tensión con derechos individuales. La sentencia marca un precedente en la interpretación judicial de los protocolos aplicados durante la pandemia, al reconocer que los acusados actuaron conforme a lo dispuesto por el COE.

El caso Solange Musse permanece en la memoria colectiva como uno de los episodios más dolorosos de la pandemia, tanto por la tragedia familiar como por su dimensión política y social. La absolución no cierra el debate, sino que lo reactiva en torno a la necesidad de diseñar protocolos que contemplen el respeto a los derechos humanos incluso en escenarios de emergencia.