El juicio oral por presunta asociación ilícita en el manejo de planes sociales en Neuquén comenzó este lunes 21 de julio en la Ciudad Judicial, con 14 acusados enfrentando cargos por fraude y defraudación a la administración pública. La jornada inicial estuvo marcada por los alegatos de apertura de la fiscalía y los primeros testimonios que delinean una red de corrupción con fines políticos.

El fiscal jefe Pablo Vignaroli encabezó la acusación al comienzo de la audiencia, afirmando que evidenciarán que existió una asociación ilícita que operó al menos entre septiembre de 2020 y julio de 2022, orientada a desviar fondos hacia punteros del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Detalló que se cambiaría el sistema de pago de planes mediante cheques a tarjetas de débito, “en ráfaga” desde cajeros automáticos.

Durante el alegato, Vignaroli sostuvo que los fondos públicos fueron utilizados para financiar al MPN y beneficios personales de los acusados, señalando que se realizaron más de 9.300 hechos de fraude por un total estimado en $1.133 millones con valores actualizados. También afirmó que la maniobra se mantuvo en secreto para sostener la estructura política provincial.

El juicio fue tenso desde el inicio: uno de los imputados, Fernando Cardozo Regidor, declaró vía Zoom por razones de salud tras sufrir un ataque de pánico, procedimiento aprobado por el tribunal. Asimismo, el abogado imputado Alfredo Cury intentó transmitir en vivo desde el recinto, pero la solicitud fue rechazada por el tribunal, que advirtió posibles contaminaciones del proceso.

La fiscalía presentó un esquema detallado de cinco niveles jerárquicos en la estructura delictiva, comenzando por exfuncionarios como Ricardo Soiza, Néstor Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler, y continuando con punteros, recaudadores y beneficiarios fantasma. También se mencionó la participación de empleados públicos en las extracciones bancarias.

Peritos contables y técnicos amplificaron la acusación con pruebas basadas en filmaciones de cajeros automáticos, escuchas telefónicas y seguimientos de transacciones, que muestran el recorrido del dinero desde las tarjetas de planes hasta manos de intermediarios. Estas evidencias permitirán reconstruir la mecánica de la maniobra con precisión.

Desde las defensas, los imputados cuestionaron la delimitación temporal de la acusación, argumentando que la maniobra habría comenzado antes de 2020, y aseguraron que algunos acusados ni siquiera se conocían entre sí, lo que, según ellos, debilita la figura de asociación ilícita. Sin embargo, Vignaroli adelantó que existe una investigación sobre posibles hechos similares previos a septiembre de 2020.

El tribunal, integrado por los jueces Juan Guaita, Juan Kees y Luciano Hermosilla, confirmó que las audiencias se extenderán hasta al menos el 12 de septiembre, con más de 200 testigos previstos, entre ellos personal del Banco Provincia y del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén. Las futuras jornadas serán clave para determinar responsabilidades y la magnitud del fraude.