La Justicia Federal de Río Grande ordenó suspender por 30 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, tras aceptar un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra la resolución N°460 del SENASA. La medida afecta a todo el sur del río Colorado, donde en junio se había habilitado este ingreso por primera vez en décadas.
La jueza Mariel Borruto fundamentó la decisión en la necesidad de preservar el estatus sanitario diferencial de la región, reconocido internacionalmente como libre de fiebre aftosa sin vacunación. Según advirtió, permitir la apertura de la barrera sanitaria podía traer consecuencias sanitarias y económicas de difícil reversión.
En su resolución, la magistrada subrayó que la medida del SENASA compromete “un activo estratégico de alto valor económico”, alcanzado luego de años de inversión público-privada y de la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad. La advertencia apunta al riesgo de perder un reconocimiento clave en los mercados internacionales.
Uno de los factores determinantes fueron las observaciones de Chile y de la Unión Europea, que cuestionaron la decisión del SENASA. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) chileno suspendió el reconocimiento del estatus sanitario y frenó importaciones de origen animal desde Argentina, mientras que Bruselas anunció inspecciones en territorio patagónico para evaluar el escenario.
La jueza consideró que estos antecedentes confirmaban que la resolución del SENASA “no se ajusta a los hechos reales”, señalando además que la apertura de la barrera ya estaba generando perjuicios concretos para los productores. Este argumento resultó central en el fallo que da un giro al conflicto.
El amparo fue presentado el 29 de julio por la presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, acompañada por el abogado José Luis Paños. Los ganaderos sostuvieron que la flexibilización podía agravar el traslado de hacienda, que ya requiere viajes de hasta 600 kilómetros hacia frigoríficos de Santa Cruz y el paso por dos controles sanitarios chilenos.
Por su parte, el SENASA defendió la resolución, asegurando que tanto Chile como la Unión Europea habían dado su conformidad a la actualización de las condiciones sanitarias. Sin embargo, las comunicaciones oficiales de esos organismos desmintieron esa postura, debilitando los argumentos oficiales frente a la justicia federal.
La Fiscalía Federal se había manifestado en contra del amparo mediante el Dictamen N°69/25, en el que recomendaba declarar inadmisible la acción al no encontrar arbitrariedad ni ilegalidad manifiesta. No obstante, la jueza Borruto desestimó ese criterio y dio lugar a la medida cautelar, abriendo un nuevo capítulo en la disputa sanitaria y política sobre el ingreso de carne con hueso a la Patagonia.
