El gobierno anunció que los jubilados que perciban más de $398 mil mensuales no accederán a medicamentos gratuitos del PAMI, salvo casos excepcionales. La decisión, presentada en un comunicado oficial, busca restringir este beneficio a los beneficiarios del subsidio social.

El organismo explicó que los medicamentos sin costo continuarán otorgándose únicamente a “quienes realmente lo necesiten”, lo que incluye a quienes perciban menos de 1,5 veces la jubilación mínima o puedan demostrar que sus gastos en medicamentos superan el 15% de sus ingresos.

Mayra García, periodista especializada en política nacional, analizó las repercusiones de esta medida. “El impacto será significativo para los más de 5,3 millones de afiliados del PAMI, muchos de los cuales ahora deberán realizar trámites adicionales para conservar el beneficio,” advirtió.

Desde el PAMI, dirigido actualmente por Esteban Lisamó, justificaron el cambio señalando la necesidad de optimizar los recursos de la obra social. “La medida afecta tanto a quienes dejan de recibir el beneficio como a aquellos que deberán adaptarse a un sistema de gestión más complejo,” señaló García.

Uno de los puntos más críticos es el requisito de realizar trámites online o presenciales para quienes buscan mantener la gratuidad de sus medicamentos. García destacó que este proceso podría resultar especialmente difícil para adultos mayores con problemas de movilidad o limitaciones tecnológicas.

La decisión del gobierno generó reacciones en asociaciones de jubilados y en sectores políticos que consideran el ajuste como una medida poco empática. “La jubilación mínima ya no cubre la canasta básica, y este recorte agrava aún más la situación de los adultos mayores,” afirmó la periodista.

El ajuste también excluye a quienes posean más de una propiedad o vehículos con menos de 10 años de antigüedad, lo que amplía el impacto del recorte. “Aunque la medida pretende priorizar a los más vulnerables, también afectará a quienes apenas superan los umbrales establecidos,” agregó García.

La relación entre ingresos jubilatorios y costos básicos ha sido especialmente desfavorable este año, según datos recientes. “En 2023 se alcanzó el nivel más bajo de los últimos 15 años en términos de poder adquisitivo para los jubilados,” puntualizó García.

Para amortiguar el efecto, el gobierno anunció un bono de $70 mil para jubilados que perciben la mínima, además del aguinaldo correspondiente. Sin embargo, “estas medidas son insuficientes frente a un recorte que afecta directamente a la salud de un sector altamente dependiente de los medicamentos,” sostuvo la periodista.

El momento elegido para implementar esta política, a días de diciembre, también generó críticas. “Es un mes históricamente sensible para decisiones que generan tensión social, y esta medida podría derivar en protestas y reclamos,” señaló García.

En la Casa Rosada, la decisión fue defendida como un paso hacia una gestión más eficiente del PAMI, pero incluso sectores afines al gobierno han mostrado inquietud. “Recortar beneficios para jubilados es siempre una medida controvertida y difícil de justificar,” concluyó García.

Se espera que las repercusiones de este anuncio marquen el cierre del año político, con un sector jubilado más vulnerable y un escenario social potencialmente agitado.