El juicio por jurados populares contra un docente de música acusado de abusos sexuales en un jardín de infantes comenzó ayer con la sorpresa que fue La apertura del juicio fue presentada por el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid, quien se mostró firme en su intención de probar la culpabilidad del acusado.
Inicialmente, se presentaron 24 casos, pero uno fue excluido por la fiscalía debido al beneficio de la duda. Esta decisión pone de relieve la importancia de un proceso judicial que respete los principios de justicia y equidad.
En su alegato inicial, el fiscal afirmó: “A lo largo del juicio vamos a demostrar que los hechos ocurrieron y que la persona acusada es culpable”. Estas declaraciones sientan las bases de un proceso judicial que involucra acusaciones graves y delicadas, poniendo el foco en la protección de los menores.
El juicio, que se extenderá hasta el 5 de noviembre, incluirá la presentación de cerca de 120 testimonios, entre los cuales se encontrarán declaraciones de las víctimas a través de cámara Gesell, así como de familiares, testigos, peritos y otros profesionales que participaron en la investigación. Esta amplia recopilación de pruebas es fundamental para el desarrollo del caso.
El jurado popular, conformado la semana pasada, está integrado por 12 titulares y 6 suplentes, manteniendo la igualdad de género en su composición. La inclusión de seis suplentes, en lugar de los habituales cuatro, responde a la previsión de eventuales contratiempos durante el juicio, el cual está previsto para durar tres semanas.
El imputado enfrenta un total de 23 cargos por diversos abusos, que incluyen 19 abusos sexuales simples, 2 con acceso carnal y 2 gravemente ultrajantes, todos agravados por su rol como educador. Estos cargos se basan en el artículo 119 y otros del Código Penal, subrayando la seriedad de las acusaciones.
La teoría
La teoría del caso de la fiscalía sostiene que entre marzo y julio de 2022, el imputado aprovechó su posición como docente para cometer los abusos durante sus clases de música en un jardín de infantes de la capital provincial. Esta hipótesis ha sido respaldada por la defensora de los Derechos de Niñez y Adolescencia, así como por los abogados que representan a las víctimas y sus familias.
El desarrollo de este juicio no solo busca determinar la culpabilidad del acusado, sino que también refleja una creciente preocupación social por la seguridad de los menores en entornos educativos. La sociedad espera que este proceso judicial establezca un precedente en la lucha contra los abusos en el ámbito escolar.
