La decisión de una jueza federal de Tierra del Fuego suspendió por 30 días el ingreso de carne con hueso a la Patagonia, generando un nuevo escenario de debate entre productores, consumidores y autoridades sanitarias. La medida cautelar recayó sobre la Resolución 460/2025 del Senasa, que buscaba flexibilizar la histórica barrera sanitaria de la región. El fallo puso en pausa una política resistida por sectores ganaderos, que alertaban sobre el riesgo de perder el estatus sanitario diferencial.

La jueza Mariel Borruto dio lugar a un amparo presentado por la Asociación Rural de Tierra del Fuego, argumentando la posibilidad de un “perjuicio grave e inmediato” para la región si se permitía el ingreso de cortes con hueso desde zonas con vacunación contra fiebre aftosa. La resolución impacta en toda la Patagonia y se suma a las advertencias que ya había formulado el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile, que resolvió suspender el reconocimiento del estatus sanitario patagónico. Ese antecedente internacional resultó determinante para reforzar la cautelar.

El Senasa había defendido la normativa señalando que no existían riesgos técnicos ni comerciales para habilitar el ingreso de asado y costilla con hueso, siempre bajo estrictos controles. Incluso había buscado respaldo en comunicaciones con la Unión Europea y con autoridades chilenas, que en un primer momento no habrían objetado la medida. No obstante, el rechazo político y judicial en la región volvió a instalar dudas sobre el alcance de esas garantías.

Para los productores patagónicos, la apertura ponía en jaque décadas de construcción de un mercado diferenciado libre de fiebre aftosa sin vacunación. En sus argumentos, señalaron que el ingreso desde provincias con vacunación no sólo representaba un riesgo sanitario, sino que también abría la puerta a una competencia desigual con carne de menor precio. La cautelar, en este sentido, fue celebrada como un triunfo por el sector ganadero.

En cambio, del lado de los consumidores, la suspensión representa un retroceso en la posibilidad de acceder a cortes más baratos. Con la aplicación de la resolución, el precio del asado con hueso había comenzado a bajar en distintas localidades del sur, gracias a la mayor oferta proveniente del norte del río Colorado. La medida judicial devuelve incertidumbre a las carnicerías y vuelve a presionar sobre el bolsillo familiar.

El impacto en los precios ya se siente en varias ciudades, con variaciones que reflejan la escasez relativa de oferta. En algunos puntos, el valor del kilo de asado recuperó parte de lo perdido, mientras que en otros la caída previa se mantiene gracias al stock. La falta de certezas sobre el futuro de la normativa convierte a la carne en un termómetro inmediato de la disputa judicial y política.

El gobierno nacional y el Senasa ahora deberán evaluar si apelan la medida o si buscan alternativas de consenso con los gobernadores patagónicos. El organismo ya había prorrogado la aplicación de la normativa en dos ocasiones, intentando abrir instancias de diálogo con las provincias, pero el fallo de Tierra del Fuego endureció las posiciones. La discusión se trasladará inevitablemente a la mesa política y técnica.

En los próximos días se esperan definiciones sobre el alcance real de la cautelar y las posibles acciones de apelación. Mientras tanto, comerciantes, frigoríficos y consumidores siguen de cerca las señales del mercado, sabiendo que cualquier resolución tendrá impacto directo en los mostradores. La tensión entre proteger la barrera sanitaria y garantizar precios accesibles sigue sin resolverse, y mantiene a la Patagonia en un delicado equilibrio.