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Golpeó a un inspector de tránsito en Neuquén y ahora deberá pagarle una suma millonaria

Un hombre que agredió brutalmente a un inspector de tránsito de la Municipalidad de Neuquén deberá indemnizarlo con una suma millonaria, según dispuso la Justicia Civil. El hecho ocurrió mientras el trabajador municipal realizaba sus tareas junto a dos compañeros y fue atacado en plena vía pública, en la zona de Diagonal España y calle […]

Un hombre que agredió brutalmente a un inspector de tránsito de la Municipalidad de Neuquén deberá indemnizarlo con una suma millonaria, según dispuso la Justicia Civil. El hecho ocurrió mientras el trabajador municipal realizaba sus tareas junto a dos compañeros y fue atacado en plena vía pública, en la zona de Diagonal España y calle Córdoba.

De acuerdo con la sentencia, el agresor increpó verbalmente al inspector, lo empujó varias veces y finalmente le dio un golpe de puño en la cabeza, provocando que cayera al suelo inconsciente y convulsionando. Ya en el piso, recibió patadas en las costillas, por lo que debió ser internado en terapia intensiva del Policlínico Neuquén durante cinco días, y luego continuar con tratamiento médico y reposo por casi dos meses.

El caso tuvo dos instancias judiciales: en el fuero penal, el acusado cumplió una suspensión de juicio a prueba por un año; mientras que en el ámbito civil, el juez Martín Peliquero resolvió que debía reparar económicamente los daños causados.

El fallo contempla el daño físico, los gastos médicos y farmacéuticos, el lucro cesante por las horas extras que el inspector no pudo realizar, y una compensación por daño moral. Además, el magistrado reconoció la necesidad de cubrir el tratamiento terapéutico al que debió someterse la víctima para superar las secuelas emocionales del ataque.

“El resarcimiento de daños consiste en la reposición de las cosas a su estado anterior, excepto que fuera imposible, en cuyo caso la indemnización se fija en dinero”, sostuvo el juez Peliquero al fundamentar su decisión.

El fallo fue apelado por el demandado, aunque la Justicia ratificó la obligación de pago, reafirmando la responsabilidad civil por actos violentos que afecten a trabajadores en ejercicio de sus funciones públicas.

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