En medio de la investigación por presunto uso indebido de fondos públicos, los abogados Francisco Oneto y Roberto Rallín renunciaron a la defensa de la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz, quien enfrenta acusaciones junto a su hermano, Pablo Ruiz. La noticia fue confirmada a través de un comunicado del estudio jurídico Oneto & Rallín Abogados, donde señalaron que la decisión responde a “compromisos profesionales asumidos con anterioridad”.

La causa que involucra a Ruiz se inició tras una serie de procedimientos judiciales que incluyeron secuestro de documentación en la Legislatura y en la Casa de las Leyes y posterior allanamiento en la vivienda de Pablo Ruiz. Durante las operaciones, se incautaron documentos y dispositivos electrónicos que presuntamente evidencian el desvío de recursos públicos para beneficiar empresas vinculadas al entorno familiar de la vicegobernadora.

 

El comunicado emitido por los abogados, aunque breve, marca un giro significativo en la estrategia de defensa. “Nos vemos en la obligación de apartarnos del asesoramiento de la señora Gloria Ruiz”, reza el texto, que evita profundizar en las razones detrás de la decisión. La renuncia ocurre en un momento crítico de la investigación, lo que agrava la situación judicial de los acusados.

Según fuentes judiciales, el caso busca determinar si los fondos públicos asignados a la vicegobernación fueron utilizados para fines personales, un delito que incluye las figuras de malversación de caudales y enriquecimiento ilícito. Las primeras pruebas apuntan a un esquema de desvío hacia empresas creadas para simular contrataciones oficiales.

En los allanamientos realizados en la residencia de Pablo Ruiz, se recolectaron documentos que están siendo analizados por peritos especializados. La fiscalía investiga transferencias bancarias y contratos que podrían consolidar las hipótesis de irregularidades en el manejo de los recursos.

Este escándalo ha generado un fuerte impacto político en la provincia. Mientras la oposición exige explicaciones y solicita la realización de una auditoría pública, el oficialismo se ha mostrado reservado, evitando posicionarse públicamente sobre el caso. La presión mediática y social aumenta a medida que la investigación avanza.

Gloria Ruiz, quien asumió como vicegobernadora en 2023, tras estallar el escándalo declaró que no iba a renunciar, pese a las presiones políticas. Además, trascendió que personas cercanas a su entorno han señalado que “la vicegobernadora confía en que la Justicia esclarecerá la situación y garantizará el debido proceso”.

La figura de Pablo Ruiz también es clave en el expediente. Según los investigadores, habría gestionado las operaciones que posibilitaron el desvío de los fondos, aprovechando su relación con organismos oficiales. El allanamiento en su vivienda sería una de las acciones más relevantes para determinar la veracidad de las acusaciones en su contra y en la de su hermana. 

Con la renuncia de Oneto y Rallín, la defensa de Gloria Ruiz queda debilitada, obligándola a buscar un nuevo equipo legal. Esto podría implicar un retraso en la estrategia de respuesta ante las crecientes imputaciones y solicitudes de medidas cautelares por parte de la fiscalía.

El caso ya trasciende las fronteras provinciales, captando la atención de medios nacionales y organizaciones que demandan mayor transparencia en el manejo de los fondos públicos. Esta situación pone en evidencia la fragilidad de los controles en la administración estatal y reabre el debate sobre la corrupción en la política local.

Se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas audiencias y se emitan informes periciales que definirán el futuro procesal de los acusados. “Este caso podría marcar un precedente importante en la provincia en cuanto al control y fiscalización del uso de los recursos públicos”, señalaron analistas legales. Hoy a las 17 en la Legislatura se abrirá la sesión parlamentaria donde se definirá el futuro de Ruiz: ¿será apartada de sus funciones?