Entre el 1° de enero y el 31 de octubre de 2024, se registraron en Argentina 217 femicidios, además de 3 lesbicidios, 5 trans-travesticidios y 18 femicidios vinculados de varones adultos y niños, según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, dirigido por La Casa del Encuentro. Estas cifras reflejan una realidad alarmante en el contexto de la violencia de género en el país.

El informe destaca que 276 hijos e hijas quedaron huérfanos a raíz de estos crímenes, de los cuales el 52% son menores de edad. Un dato preocupante es que el 54% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. El hogar, que debería ser un refugio, sigue siendo el lugar más peligroso para las mujeres, ya que el 63% de los femicidios se cometieron en la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida con el agresor.

Si bien los femicidios ocurren en todo el territorio nacional, Buenos Aires se mantiene como la provincia con más casos, seguida de Santa Fe, Córdoba y Chaco. Estas cifras no solo representan estadísticas frías, sino que detrás de cada mujer asesinada hay familias devastadas y una comunidad en duelo.

La situación es aún más preocupante dado que, en lo que va del año, se han desmantelado organismos rectores en políticas de género y se han desfinanciado los programas destinados a la protección de las mujeres. Este retroceso institucional se suma a la falta de un plan claro y eficaz por parte del gobierno para abordar la violencia de género, lo que puede considerarse Violencia Institucional.

En este contexto, Argentina se ha destacado negativamente al ser el único país del G20 que rechazó firmar un acuerdo sobre Empoderamiento de la Mujer, lo que subraya la falta de compromiso del Estado en la agenda de género. La sociedad civil, aunque fundamental, no puede reemplazar las responsabilidades estatales en la protección y prevención de la violencia.

Por ello, organizaciones y activistas exigen al Ministro de Justicia, Cúneo Libarona, que se establezca un organismo rector de políticas públicas que garantice el cumplimiento de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Asimismo, reclaman la inclusión de recursos en el presupuesto nacional para implementar un Plan Nacional de Acción que aborde esta problemática.

Las demandas incluyen el fortalecimiento de la Línea 144, que actualmente enfrenta un grave desmantelamiento, así como la efectiva implementación de varias leyes esenciales como la Ley Micaela y la Ley Brisa, que garantizan la capacitación en género y reparaciones económicas para las víctimas.

El informe también revela datos alarmantes sobre las víctimas: 31 habían denunciado a sus agresores, 10 femicidas contaban con medidas cautelares, y varios pertenecían a fuerzas de seguridad. Estos hechos ponen de manifiesto las fallas del sistema judicial en la protección de las mujeres.

La violencia de género no es solo un tema de inseguridad, sino una cuestión de Derechos Humanos que se intensifica con la feminización de la pobreza. La ausencia de acción por parte del Estado es, en sí misma, una forma de complicidad. La sociedad debe seguir exigiendo respuestas y acciones concretas para prevenir y erradicar la violencia de género.

El lema es claro: Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio. Por Ellas Siempre.