El fiscal de Delitos Económicos, Juan Narváez se refirió a la reciente resolución del Tribunal respecto a la causa de estafa con planes sociales en Neuquén, que dejó a todos los imputados absueltos del delito de asociación ilícita por falta de pruebas sobre el dolo, pero confirmó responsabilidades por administración fraudulenta. La decisión generó expectativas y cuestionamientos en la comunidad sobre la calificación final de los hechos.
Narváez explicó que el Tribunal consideró que no se pudo probar la intención de los imputados de formar parte de una asociación ilícita, un elemento central del juicio. Por ello, los jueces aplicaron el principio del beneficio de la duda, aunque reconocieron que los hechos concretos denunciados sí ocurrieron y fueron debidamente probados durante el proceso.
El fiscal destacó que los imputados incluían a líderes sindicales y funcionarios, quienes fueron considerados coautores de los delitos probados. Aclaró que la investigación continúa abierta para determinar si existen otras personas involucradas, aunque la fiscalía no cuenta con evidencia suficiente para imputar a terceros más allá de los procesados.
Narváez precisó que algunos imputados mencionaron pseudónimos y posibles responsables durante el juicio, pero no aportaron pruebas suficientes para identificarlos. La investigación previa ya había descartado la existencia de evidencias concretas que permitieran ampliar la acusación hacia esas personas, por lo que el juicio se concentró en quienes sí contaban con pruebas sólidas.
El fiscal explicó que la calificación del delito influye directamente en las penas, que podrían variar de dos años a seis meses para administración fraudulenta, frente a los tres a diez años que hubiera implicado la asociación ilícita. Asimismo, el tiempo en prisión preventiva se computará en caso de eventual condena, y algunos imputados continuarán cumpliendo medidas domiciliarias según corresponda.
Narváez señaló que la decisión judicial no implica un cambio en la percepción social del caso, pero sí evidencia la diferencia entre el juicio abreviado, donde nueve imputados aceptaron ser partícipes de asociación ilícita, y el juicio pleno, donde los jueces pudieron evaluar directamente las pruebas y determinar la calificación final de los delitos.
El fiscal detalló que la etapa de cesura del juicio se definirá antes de fin de año, con un plazo de diez días para presentar nuevas pruebas. Esta fase permitirá completar el análisis de la responsabilidad individual de cada imputado y establecer la pena correspondiente según la participación de cada uno como coautor o partícipe necesario.
Finalmente, Narváez subrayó que la fiscalía mantiene recursos limitados, pero velará por una correcta aplicación de la ley y la justicia, asegurando que los imputados reciban sanciones proporcionales a sus responsabilidades. La investigación sobre los planes sociales continúa, con el objetivo de garantizar transparencia y prevenir futuras estafas en la administración pública neuquina.
