En un avance significativo de la investigación sobre las estafas con planes sociales, la jueza Karina Álvarez homologó cinco de los ocho acuerdos presentados por la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Estas homologaciones establecen las primeras condenas por el delito de asociación ilícita y estafas reiteradas.

La magistrada rechazó el procedimiento abreviado para los otros tres acusados  Adrián Alfredo Meza Lezama, Rodolfo Andrés López y Valeria Honorio, lo que significa que el proceso continuará hacia un juicio. En principio, la fiscalía no impugnará la resolución.

Las personas que fueron condenadas son Gustavo Roberto Mercado, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño y Pamela Alejandra Cea. Los cinco condenados aceptaron haber integrado una asociación ilícita con tareas de menor relevancia como extraer el dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques de recaudación.

El fiscal Pablo Vignaroli, en diálogo con Radio 7 expresó: “Ya hay cinco personas que están condenadas, lo segundo está relacionado con que ya se ha definido a que personas vamos a terminar. Estamos en condiciones de presentar la acusación el 21 de septiembre. Más allá de que la jueza haya prorrogado el plazo de investigación 15 días más a partir del 29 de septiembre”.

Las cinco condenas son por 3 años de prisión condicional, reglas de conducta y trabajos comunitarios no remunerados, comprende a ex empleados del ministerio de Desarrollo Socia y particulares que cumplieron niveles de baja responsabilidad en la maniobra. Solo uno de estos imputados utilizó el dinero para beneficio propio, mediante el alquiler de un auto.

“Es un caso muy serio con varias aristas, con un monto actualizado de casi 1.000 millones de pesos. Fundamentalmente porque se utilizaba dinero que teóricamente tenía que ser destinada a personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Siempre teniendo en cuenta el agravante para aquellos que organizaron la maniobra” explicó Vignaroli.

Además, el fiscal indicó que Ricardo Soiza, uno de los implicados, cumplirá prisión domiciliaria debido a cuestiones de salud. Por otra parte, Viñero señaló que se está recopilando información clave, como los datos extraídos de dispositivos secuestrados en allanamientos, para fortalecer la acusación.

El próximo paso será una audiencia de control de la acusación, tras la cual se fijará la fecha del juicio.

“La utilización de los fondos para fines políticos está probado no solamente por testimonios, sino también por evidencia que obtuvimos de las computadoras, habían personas -punteros- que concurrían mes a mes para que se les entreguen sobres con dinero o cheques”concluyó Vignaroli.