El intendente Mariano Gaido expresó su firme repudio a las agresiones sufridas por dos inspectores de tránsito en la Isla 132, perpetradas por un grupo de motociclistas. En un comunicado, Gaido confirmó que la Municipalidad inició acciones legales contra los agresores y anunció medidas adicionales para asegurar que no obtengan la licencia de conducir en el futuro.

Las agresiones fueron calificadas por Gaido como un acto de violencia inaceptable. “Lo que pasó es una barbaridad. He dispuesto que Marcelo Inaudi, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, haga la denuncia penal”, aseguró el jefe comunal, destacando la gravedad del incidente.

El intendente consideró los hechos como inexplicables e injustificables, subrayando la preocupación de la administración municipal ante este tipo de comportamiento. “No lo vamos a permitir”, advirtió, adelantando que tomarán todas las medidas necesarias para que los responsables enfrenten las consecuencias legales pertinentes.

En cuanto a las investigaciones, Gaido aseguró que los agresores ya fueron identificados a través de los videos captados por cámaras de seguridad. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias en la Justicia penal”, agregó, asegurando que se harán todas las gestiones para dar con los responsables.

El intendente también destacó que, además de las acciones legales, se implementarán sanciones preventivas. “He dado directivas para que ninguno de los que participaron tenga la oportunidad de obtener una licencia de conducir en el futuro. Este tipo de violencia no tiene cabida en nuestra ciudad”, afirmó Gaido, dejando claro su compromiso con la seguridad pública.

El anuncio de las medidas fue recibido con apoyo unánime por parte de la comunidad, que expresó su respaldo a la gestión del intendente en la lucha contra la violencia y la defensa de la autoridad pública. Las autoridades locales reiteraron que estos hechos son una excepción y que no representan el comportamiento generalizado de los ciudadanos.

La actuación de la Municipalidad en este caso refleja un endurecimiento de las políticas contra las agresiones hacia los trabajadores del Estado, especialmente los que desempeñan funciones de control y seguridad en las vías públicas. Esta postura marca un antes y un después en las medidas adoptadas por la comuna.

Gaido cerró su intervención destacando que la ciudadanía tiene derecho a vivir en un ambiente seguro y que, como gobierno local, tienen la responsabilidad de proteger a quienes ejercen funciones esenciales para el orden público. El caso continúa siendo investigado por la justicia.