El juez federal Gustavo Villanueva procesó a militares, policías y civiles implicados en la desaparición forzada de Sergio Ávalos, quien fue visto por última vez la madrugada del 14 de junio de 2003 en el boliche “Las Palmas” de Neuquén capital. La decisión judicial constituye un paso crucial en una causa que lleva más de dos décadas de impunidad.
Según la reconstrucción judicial, Ávalos “fue visto por última vez en el interior del comercio ‘Las Palmas’ de Neuquén a horas 6:30/7:30, aproximadamente del 14 de junio del 2003, fue retenido dentro del lugar y posteriormente trasladado para su ocultamiento a otro u otros lugares, permaneciendo así hasta el día de la fecha, en circunstancias hasta el momento desconocidas”. Así lo determinó el juez Villanueva en la disposición que oficializa los procesamientos.
Entre los imputados se encuentran militares y policías provinciales, tanto retirados como en actividad, que trabajaban en el boliche al momento de la desaparición. Además, el magistrado procesó al dueño del comercio, Pedro Nardanone, y al entonces encargado del local, Patricio Sesnich, quien además es su yerno. El fallo judicial los acusa de participación directa o encubrimiento en los hechos.
El juez dictó prisión preventiva contra los acusados, aunque no ordenó su detención inmediata. La medida se hará efectiva solo en caso de que los implicados incumplan las reglas de conducta impuestas por el tribunal. En paralelo, se aplicaron embargos millonarios, como el de 42 millones de pesos a Nardanone, en concepto de posible resarcimiento.
La resolución judicial señala que hubo privación ilegítima de la libertad agravada, una figura compatible con la calificación de desaparición forzada, lo que agrava la situación de los imputados. La causa se tramita en la justicia federal dado el carácter de delito de lesa humanidad, con responsabilidades institucionales.
La familia Ávalos lleva más de 22 años exigiendo justicia y denunciando el encubrimiento de las fuerzas de seguridad y del poder político provincial. La causa ha tenido múltiples dilaciones, cambios de fiscales e inacción en los primeros años, lo que profundizó el reclamo social y la indignación en la comunidad universitaria.
La decisión del juez se inscribe en un contexto de presión social constante por esclarecer uno de los casos más emblemáticos de desaparición en democracia. Diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas la APDH y el CELS, han acompañado el caso como querellantes o asesores legales en distintos momentos.
El proceso judicial continúa su curso con posibilidades de apelación por parte de las defensas. Sin embargo, esta decisión representa un quiebre institucional y ofrece una señal concreta de que la Justicia puede avanzar, aun tardíamente, en causas que comprometen a estructuras del poder.
