En un hecho que ha causado un escándalo sin precedentes, el Gobierno de Javier Milei ha sido duramente criticado por utilizar términos denigrantes y obsoletos para describir a las personas con discapacidad intelectual en un documento oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad, liderada por el abogado personal del presidente, Diego Spagnuolo. La Resolución 187/2025 publicada recientemente, califica a las personas con discapacidad intelectual con términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, lo que ha generado una ola de indignación tanto a nivel nacional como internacional.

Este tipo de lenguaje, sacado de manuales psiquiátricos obsoletos de principios del siglo XX, no solo es considerado inaceptable, sino que también representa un grave retroceso en términos de derechos humanos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por Argentina, estipula claramente que toda persona con discapacidad debe ser tratada con dignidad y respeto. Sin embargo, este documento oficial viola de manera flagrante esos principios fundamentales.

El anexo de la resolución clasifica a las personas con discapacidad intelectual en tres categorías según su coeficiente intelectual (CI):

• 0-30 (idiota): Se describe a estas personas como incapaces de realizar actividades básicas como leer, escribir o controlar esfínteres.
• 30-50 (imbécil): Se afirma que pueden realizar tareas rudimentarias, pero no tienen la capacidad de leer ni escribir.
• 50-60 (débil mental profundo): Se les atribuye un vocabulario limitado y la capacidad de realizar tareas básicas, pero sin control sobre el dinero.

Este lenguaje no solo está científicamente desactualizado, sino que también perpetúa estereotipos dañinos que deshumanizan a las personas con discapacidad. Los expertos aseguran que este tipo de clasificación perpetúa la exclusión social y económica de las personas con discapacidad, aumentando las barreras que ya enfrentan a diario.

El catedrático Julen Bollain Urbieta, desde el País Vasco, fue una de las voces internacionales más contundentes contra esta medida. Bollain, doctor en estudios sobre desarrollo y economista de la Universidad de Mondragón, calificó esta actitud como “una barbaridad” y un claro retroceso hacia épocas oscuras de la historia. Según Bollain, utilizar un lenguaje que deshumaniza y estigmatiza a personas con discapacidad es inaceptable en pleno siglo XXI.

Este hecho representa un retroceso histórico en los avances logrados por Argentina en materia de inclusión y derechos humanos de las personas con discapacidad. En 1997, el país había dado pasos significativos al reconocer que la discapacidad no es un impedimento para trabajar, pero que las personas con discapacidad necesitan apoyo y políticas públicas adecuadas para superar las barreras estructurales que enfrentan.

La responsabilidad del Gobierno es clara. La Agencia Nacional de Discapacidad y, por ende, el Gobierno de Javier Milei, han mostrado una falta de respeto hacia las personas con discapacidad y un desprecio por los derechos humanos básicos, dejando en evidencia su escaso compromiso con los principios de inclusión y dignidad.